Victor Manuel Solórzano López de 64 años, es un profesor de contabilidad, que fue despojado de su hogar, y encarcelado durante dos años y ocho meses, al ser víctima de corrupción notarial, la cual documentó de su propia mano, debido a la colusión entre autoridades estatales.
Solórzano López, realizó un contrato de compra venta en 1994 por cinco millones de pesos a Ricardo Paniagua Muñoz de un predio rústico ubicado, en ese entonces en la colonia “El Refugio Fracción II”, ubicado en Chiapa de Corzo. Este domicilio, actualmente conocido como carretera a la trituradora s/n, Col. Plan Chiapas, perteneciente al mismo municipio.
Paniagua Muñoz mantenía su escritura con número 5786 hecha con el aval de Francisco Juárez Gutiérrez de la Notaría Pública No.8, con fecha de expedición del 7 de agosto de 1990. Al momento en que Solórzano pide al Instituto de Desarrollo Urbano y Promoción de la Vivienda, cuyo director era Juan José Zepeda Bermúdez, hoy presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el permiso de subdivisión correspondiente, le es negada.
Bajo el número de folio 00132 y el número de oficio: INDEURVI/DDUV/1189/94, a Solórzano le es negada la autorización para subdividir un predio, ya que se observó que el predio se encuentra ubicado dentro de la polígonal del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, establecido por Decreto Presidencia el 4 de diciembre de 1980.
Pese a este fallo, la familia Solórzano construyó en 1997, realizó su contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1998 y empezó a vivir de forma permanente hasta el 2000, además de pagar anualmente su predial.
Otra escritura
En 2010, Ricardo Paniagua Muñoz, quien fuera anterior dueño del predio falleció, no obstante, se genera un primer testimonio de la escritura pública que contiene: adjudicación por herencia instestamentaria a bienes del extinto y como única y universal heredera la señora Otilia López Ayar, con la escritura con el número 1937, volumen 23 del año 2012.
Este documento, hecho por Saraín Antonio Cortazar Salas de la Notaría Pública no. 79 (aún activo) con residencia en Copainalá, generó una documentación, en la que en síntesis hace a López Ayar, por medio de una denuncia con fecha de 7 de octubre de 2011, recibido el día 10 de ese mes por el Jefe de Departamento de Notaría de la Secretaría de Gobierno y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio, dueña del predio donde vivía la familia Solórzano, en ese entonces por más de 11 años.
Esta escritura con fecha 17 de enero de 2012, fue inscrita al Registro Público de la Propiedad, por Homero Gordillo Rodriguez, quien presentó ante el juzgado los documentos por parte de López Ayar, las cuales fueron “debidamente registradas en dicha institución con distrito judicial de Chiapa de Corzo bajo el número 4878 con fecha 13 de diciembre de 2012”.
Sin embargo, dentro del documento, en la clausura tercera, describe “el inmueble adjudica pasa a poder de la heredera (López Ayar) sin limitación alguna en su dominio (…) Reportando únicamente una anotación marginal que la letra dice que la propiedad se encuentra ubicada dentro del Poligonal del Parque Nacional Cañón del Sumidero establecido por decreto federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1980 y 15 de mayo de 1981, asimismo, se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones prediales, documento que se tiene a la vista”.
Dictámenes fraudulentos
La familia Solórzano al empezar dicho procedimiento legal para esclarecer los títulos de propiedad hechos con el dueño del predio en 1994, nota que existen diversas irregularidades, una de ellas es la evidente duplicación de la escritura, sin embargo, en un primer fallo una jueza decide reponer el procedimiento, ya que no existía evidencia del titulo del predio, porque es terreno de la nación.
No obstante, tras la apelación de la otra parte y con un nuevo juez llamado Evaristo Arévalo, emite una sentencia a favor de la parte contraria, pero Víctor Manuel relata que se acercó al juez para platicar sobre su situación y explicó: “en primera, les enseñe mis documentos y me dijo que no había fundamento legal, luego le dije que era una sentencia suya y cambio la cara, al regresar a las salas ordena reponer el procedimiento”.
De forma inexplicable, durante la batalla legal, Víctor Manuel Solórzano López de 64 años fue ingresado el 31 de junio del 2016, al Centro de Reinserción Social Para Sentenciados (CERSS) No. 14 de Cintalapa, por despojo agravado.
Al ingresar al penal, a Solórzano le informan que otro juez genera una sentencia nueva, pero debido a su estado no puede apelar la decisión, por lo que la sentencia avala el falló a favor de López Ayar para ser acreedora de la propiedad.
Falso Notario
Al ser encarcelado, la familia Solórzano se movió para conseguir información y los recursos necesarios para sacar con libertad a Víctor Manuel. Uno de los hallazgos fue que bajo el oficio DGP/AJ/2708/2018, el director de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones, Sergio Plancarte Benitez, acredita que con número de cédula profesional 0407026 a Saraín Antonio Cortazar Salas de la Notaría Pública no. 79 (aún activo) no era abogado, sino Licenciado en Administración de Empresas (LAE), expedida en 1976 por el entonces Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (Icach).
Por si fuera poco, el Icach en ese momento no ofertaba tal Licenciatura, por lo que, al hacer una investigación de las personas graduadas que recibieron su cédula profesional en el año 1976, se encontró que Cortazar Salas si aparecía en los registros como LAE y con la misma cédula 407026, pero todos los demás compañeras y compañeros que egresaron Licenciados en Educación Primaria del Icach; ya que era una de las pocas carreras que si ofertaban en ese momento.
De forma breve, Saraín Antonio Cortazar Salas no es abogado, ni siquiera es Licenciado en Administración de Empresas, no obstante, aparece bajo ese titulo en el sistema federal de cédulas profesionales, pero lo que pone en duda, es cómo puede aparecer con tal grado si el Icach no tenía esa carrera.
Temor a despojo
Con lo anterior, la familia Solórzano buscó sancionar al notario Cortazar Salas, hasta que el bajo el procedimiento administrativo PARA/ICJyAL/DAGNE/018/2017, firmado por Rogelio Rayo Martínez, subconsejero de la Subconsejería de Servicio y Asistencia Legal del Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, decide sancionarlo a una multa de 44 mil 180 pesos. Además observó:
La familia Solórzano confirmó que la escritura hecha por este supuesto notario público era falta e ilegitima. Por tanto, el juicio en su contra, encarcelamiento y los agravios eran infundados.
Cabe señalar, que tanto el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ratifican que el predio descrito se encuentra en posesión de Víctor Manuel Solórzano López, basados en una constancia de residencia y por el oficio PCNS/128/16 respectivamente.
Sin olvidar, que la Conanp, recalcó que el predio se encuentra en su totalidad al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, por lo que nadie puede adjudicarse dicha propiedad, ya que es de la nación.
En un último punto, bajo el oficio DPFSIPS/087/2018, Adrián Méndez Barrera, encargado del despacho de los asuntos competencia de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, respondió “que respecto a la escritura pública 1937, volumen 23, emitirá en 2012, por el notario público número 79, Saraín Cortazar Salas, misma que se derivó de una adjudicación intestamentaria y se dicen ser dueños de 19 mil metros, dentro de los cuales se encuentra un casa y terreno, se les hace saber que dicha escrita es considerada NULA, toda vez que se trata de un instrumento público emitido posterior al decreto del 8 de diciembre”.
