"Gaspar Romero * CP. La resolución en materia de pensión alimenticia que tipifica como delito el abandono de persona y obliga al jefe de familia a pagar el tiempo que no aportó de forma total, provocará que los inculpados evadan la acción de la justicia por no poder cubrir la deuda adquirida, afirmó el consejero de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco.
Indicó que los casos por la falta de pago de la pensión alimenticia son más numerables actualmente e incluso en los juzgados registran un gran rezago al respecto porque hay muchos padres que no tienen dinero para pagar o simplemente no quieren hacerse responsables de sus hijos y la ex esposa.
Explicó que recientemente se resolvió un caso en donde una mujer presentó una demanda contra su ex esposo por faltas a los deberes alimenticios y ante la resolución de la Corte efectuada la semana pasada, el juez determinó obligar al jefe de familia pagar una pensión por 24 años, lo cual no hizo.
""Eso significa que tendrá que aportar a la madre y a los hijos el 40 por ciento sobre el salario mínimo actual. Por lo que desde mi punto de vista, lo grave del asunto es que si la persona no cuenta con el dinero suficiente o simplemente no lo tiene, va a parar a la cárcel y eso lo obliga a evadir la justicia"".
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Chiapas, el incumplimiento injustificado del pago de la pensión alimenticia derivada de una sentencia de divorcio voluntario, configura el delito de abandono injustificado de los hijos o cónyuge.
Al resolver una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, los ministros establecieron que al darse la condición de incumplimiento injustificado de la obligación alimenticia, se atenta contra el derecho de los hijos o del cónyuge, con base en el artículo 280 del Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León.
En la resolución, la Sala recalcó que con la obligación de proporcionar alimentos urge el derecho de reclamarlos, cuando se tiene la calidad de padre, hijo o cónyuge, dado el interés del Estado en la subsistencia de los miembros del grupo familiar para hacer efectiva la solidaridad humana.
El reconocimiento de este derecho y su correlativa obligación constituye una preocupación del Estado mexicano, particularmente de la firma de Declaración de los Derechos del Niño, acotó.
Los ministros reconocieron la intención del legislador del estado de Nuevo León de crear un marco jurídico.
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