Después de que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pronosticara un déficit de 374 mil millones de pesos para el próximo ano, la oposición amagó con rechazar cualquier aumento de impuestos si no venía acompanado de un esfuerzo de austeridad por parte del Ejecutivo federal. Ahora, con la desaparición de dos secretarías de Estado y el recorte de 175 mil millones de pesos en la burocracia del gobierno central, serán los legisladores quienes estén obligados a replicar la austeridad en su propio seno, y en las entidades cuyos gobernadores exigen ano con ano cada vez más presupuesto sin dar a cambio compromisos con la transparencia.
Para redondear esta congruencia entre palabras y acciones, el Ejecutivo planteó un incremento de 50% en los programas sociales de Oportunidades y de apoyo alimentario, así como el mantenimiento de las inversiones en infraestructura para el próximo ano. En suma, hacer más con menos.
Ojalá el planteamiento vaya acompanado de la operación política adecuada. Resulta un mal precedente la evidente falta de cabildeo para la designación de Arturo Chávez como nuevo procurador, una decisión que tomó por sorpresa al Senado y puso en riesgo la aprobación del titular de la PGR.
Habrá quien argumente que los esfuerzos son insuficientes, que en vez de congelar nuevamente los salarios de los altos funcionarios debieron reducirse sus percepciones, quitar los seguros de gastos médicos mayores, eliminar más dependencias gubernamentales obsoletas, entre otros recortes. Quizá. Lo cierto es que las medidas adoptadas superan con mucho cualquier otro plan de racionalidad en el gasto emprendido hasta ahora por la administración pública, desde los gobiernos estatales hasta el Poder Legislativo. Honor a quien honor merece. Toca el turno a los diputados. El Universal
