Estados Unidos tendría que cambiar su producción si quiere exportar a México, ya que “se está obligando a que no produzca maíz transgénico”, explicó en entrevista Malin Jönsson, de la Fundación Semillas de vida, a propósito del rechazo del vecino país sobre la prohibición gradual del glifosato y la eliminación del maíz genéticamente modificado en el consumo humano.
“Lo que está diciendo el presidente de México es que no se permitirá el consumo de maíz transgénico en mexicanos. Desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, vemos que no se seguirá importando en la manera en que se está haciendo ahora”, expuso.
Dijo que las harinas de maíz, en la actualidad, están contaminadas con maíz transgénico y glifosato que llega a México a partir de las importaciones, pues en el país está prohibida la siembra del grano genéticamente modificado desde el 2013.
La decisión del gobierno mexicano representa una amenaza a las formas de producción de Estados Unidos, pues importa 16.8 millones de toneladas de maíz al año, que es la tercera parte de lo que consumimos.
Ese maíz es amarillo, va para forraje, combustibles y para la industria de alimentos, “ese es el argumento para decir que no estamos consumiéndolo directamente, porque de hecho no está desarrollado para el consumo humano”.
Pero en México es uno de los principales alimentos y se ingiere directamente; por lo tanto, no hay un control de ese maíz que llega de Estados Unidos y se desconoce si se mezcla y contamina al maíz que aquí se produce.
Aranceles
En la actualidad, el 92 por ciento del maíz que siembra Estados Unidos es transgénico, por ello la importancia de cambiar su producción si quiere seguir importando a México.
Jönsson explicó que el T-MEC dice que México no puede poner aranceles en el maíz, aunque hay un capítulo que especifica que no existe obligación de los Estados partes de permitir ciertos productos.
Aunque el vecino país puede presionar de muchas maneras a México, como lo ha venido haciendo en las últimas cuatro décadas para permitir plaguicidas altamente peligrosos —prohibidos en otras partes del mundo—, la defensora dijo que si las políticas públicas y las autoridades coinciden en la decisión, Estados Unidos solo deberá cumplir.