El enfrentamiento que se generó en Culiacán, Sinaloa, entre elementos del crimen organizado y la Guardia Nacional genera incertidumbre entre la población y los empresarios, sobre todo en la forma en que se está combatiendo la inseguridad, la postura del Gobierno Federal es confusa, consideró Arturo Marí Domínguez, presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El operativo, que fue aceptado como “fallido” por parte de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, dejó como saldo 51 reos fugados, ocho personas muertas y 16 heridos, sin que Ovidio Guzmán López (hijo de “El Chapo”) fuese detenido como se tenía previsto.
Marí Domínguez, más allá de considerar debilidad en las instituciones, pidió que el Gobierno Federal tome con toda seriedad el tema porque la población desconoce qué es lo que viene y “esa es la realidad”“
Dentro de los argumentos del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para no detener al hijo de “El Chapo” Guzmán, es que valía más cuidar la vida de inocentes que la captura de un capo.
Sobre la renuncia que tendrían que presentar aquellos funcionarios que no cumplan con sus obligaciones, el presidente en Chiapas del CCE respondió que en todo ejercicio democrático los servidores públicos están obligados a mostrar resultados internos y externos pero, lo más importante, es que sean coherentes entre lo que dicen y hacen.
A nivel nacional, insistió, la señal que se manda es confusa y, además, preocupante; por tal razón se deben “tomar cartas en el asunto”.
“Tienen que evaluar con toda seriedad la situación que sucedió, el siguiente paso es decisivo, fundamental para el Estado mexicano”, remarcó Marí Domínguez.
Añadió que existe un límite entre lo permisible y lo que no debe ser. El panorama en estos momentos, reconoció, es complejo, hay mucho “ruido” y todos los sectores tienen que ser prudentes para privilegiar la aplicación de la ley.
Sobre la seguridad en el ámbito local, dijo que se están viendo cambios con la aplicación del estado de derecho, particularmente en lo relacionado con la liberación de las vías de comunicación y con la entrega de predios que fueron invadidos en los últimos años.
No obstante, recordó que si no hay aplicación del estado de derecho se genera incertidumbre para los inversionistas, lo más importante es que se envíen señales de que en México se cumplen las leyes.
Finalmente, opinó que más allá de las formas de gobernar en cada administración, los funcionarios tienen que presentar resultados a la población, y partir de ello, deben definir a dónde quieren llegar.
