Justo en el momento en que los ciudadanos exigen abaratar los gastos de campanas políticas y de que el Instituto Federal Electoral pide a los partidos representados en el Congreso de la Unión que legislen, ya, sobre recursos utilizados en precampanas, el Partido Acción Nacional (PAN) ha fijado en 350 millones de pesos el tope de gastos en su precampana, rumbo a los comicios federales del próximo ano.
Dicha cantidad ha vuelto a traer a cuento el debate sobre la calidad de la política y democracia que queremos en el país: si una que esté basada en las ideas y el debate de los distintos proyectos de nación; u otra que tenga como propósito posicionar la imagen de los candidatos en el ánimo del electorado, echando mano de herramientas de mercadotecnia. Sin ser necesariamente excluyente una de otra, ambas opciones tienen que ser ponderadas con urgencia, porque la carencia de regulaciones y candados a recursos erogados en esta etapa de los procesos electorales podría prestarse a una serie de excesos y distorsiones.
Al no existir un marco regulatorio ni instancia autorizada para fiscalizar dichos recursos, éstos podrían ser aportados por cualquier tipo de organización, incluso aquellas indeseables para México, ya sea por provenir de instancias extranjeras o de actividades ilícitas, lo cual definitivamente sería condenable.
Aun en el caso de que los recursos para precampanas fueran aportados por personas físicas o morales de conocida solvencia, tampoco hay garantía de que el día de manana este dinero no se convierta en moneda de cambio para cobrar favores a los políticos beneficiados, pervirtiendo así el sentido más elemental del juego democrático.
Cada partido deberá evaluar con alto sentido de prudencia cuál es la cantidad idónea y realista para sus campanas y precampanas, en función de las necesidades prácticas para hacer que sus mensajes lleguen a la ciudadanía, cuidando que la asignación para el cuidado de la imagen personal, vía electrónica, no signifique un dispendio y un dano al ideal de austeridad a que nuestras circunstancias nacionales obligan. También debe evaluarse si las finanzas del país están como para hacer gastos onerosos en materia electoral.
Los comicios federales de 2006 son una buena oportunidad para que el sistema político mexicano consolide su tendencia hacia la democracia plena, pero vacíos legales, como la ausencia de regulación en precampanas, ponen en riesgo tal objetivo. Estamos a tiempo de enderezar un proceso electoral rumbo a 2006 que pudiera nacer viciado de origen: exageradamente dependiente del dinero y muy pobre en materia de oferta política.
Depende de las autoridades e institutos políticos, sobre todo de los legisladores, hacer un alto en el camino y establecer en este momento reglas claras, equitativas y sobre todo transparentes, respecto del uso de dinero, público o privado, que se use para financiar candidatos en cualquier etapa de los comicios en el país.
Mejor aún, los institutos electorales de las entidades de la República y el IFE deben ser incorporados a la fiscalización de las precampanas cuanto antes, con pleno poder como reguladores de procesos vitales para la salud democrática de la nación.
El financiamiento partidista no es un asunto menor ni meramente administrativo. Tiene serias repercusiones políticas que es indispensable transparentar. Los mexicanos merecemos gobernantes y legisladores electos en condiciones de legalidad, confianza y austeridad. (El Universal)
