"El pasado mes de marzo de este año la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en los asuntos 25 y 26/2010, conceder amparo a dos periodistas demandados por una funcionaria pública que les reclamó la reparación del daño moral por la publicación de notas que contenían opiniones del desempeño de su función, al considerar incorrecta la forma en que dicha Sala había acreditado a través de las notas, el daño moral impugnado, ya que en su contenido no se advierten expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas o vejaciones innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión que demostraran real malicia, es decir, que las opiniones tuvieran intención de dañarla.
De acuerdo con académicos, la determinación ha sentado un precedente sobre los límites de protección del honor de las figuras públicas frente al ejercicio responsable de la libertad de expresión en casos de interés público.
Sobre otro caso con fallo similar pero con distintos protagonistas, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Perla Gómez Gallardo, ante representantes de prensa dijo que las figuras públicas están obligadas a acreditar la existencia de la ""malicia"" en la información que se difunda a través de los medios de comunicación.
Esto es, las figuras públicas deberán comprobar que la información se publicó ""a sabiendas de su falsedad, sin verificar la fuente y con el único propósito de dañar"". Fue más lejos al advertir que con esto se pone fin a las demandas ""frívolas"", y ahora el periodista tendrá la libertad de seguir ""criticando o escrutando la función pública"". Sin embargo, de acuerdo con esta académica, las figuras públicas tienen derecho a demandar, pero el sistema jurídico no está preparado para conocer si se trata de un abuso de libertad de expresión o ejercicio responsable.
Finalmente, en el caso particular al que ella se refiere se dio tras la demanda que la magistrada María del Consuelo Villalobos Ortiz presentó a inicios de 2009 contra los periodistas Eduardo Huchím, de Emeequis; Rubén Lara León, de Rumbo de México; Luis Soto, de El Financiero y Abel Barajas y Víctor Fuentes, de La Jornada.
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