De los nueve asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos meses, cinco se cometieron en México -incluidos tres de distribuidores de diarios- de acuerdo al puntual registro que lleva la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Contener la impunidad en estos crímenes, situación que venturosamente ya se registra, debe coronarse con federalizar los delitos contra la libertad de expresión; ello no debe entenderse como la búsqueda de proteger la función de los informadores, sino de la democracia misma.
La estadística de los decesos de periodistas sólo es una parte del informe presentado por la Comisión de Libertad de Prensa, en la sexagésima tercera asamblea de la SIP, que observa amenazas para el ejercicio del periodismo en el continente no sólo en lo que respecta a independencia y pluralismo, sino a la propia existencia de los medios de comunicación, como en su opinión ocurre en Venezuela. Hay luces rojas también en Ecuador y Bolivia, y en Colombia proliferan las intimidaciones.
Periódicamente, la SIP denuncia los casos más graves de la represión, que son los homicidios. Los sicarios no solamente suprimen la vida de los periodistas y afectan a sus familias, sino que buscan silenciar a la sociedad. En el silencio, quienes ganan son los que apuestan al crimen. Pretenden que sus patrones, capos, traficantes de personas, armas, drogas o políticos venales, sean intocables.
En la frontera norte de México, periódicos, han anunciado ya su decisión de no publicar informaciones sobre crimen organizado, ya no digamos resultados de sus propias investigaciones periodísticas, ante la vulnerabilidad extrema en que se encuentran. No sólo han sido agredidos, desaparecidos y asesinados periodistas en su plantilla, sino que las propias instalaciones de los diarios han sido objeto de ataques con armas de alto poder y explosivos, como ocurrió en El Manana de Nuevo Laredo.
El cálculo perverso es que si los periodistas son amedrentados, la sociedad perderá la posibilidad de estar al tanto de lo que ocurre y de ese modo la sociedad no podrá ejercer su derecho a presionar a las autoridades para que pongan orden y garanticen la seguridad de la nación.
Es por ello que, como senaló el Presidente y Director General de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, en su calidad de presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP, hay que reconocer que cuando se esclarece un crimen contra un periodista en América Latina, como se está haciendo venturosamente cada vez con mayor frecuencia de acuerdo con observadores independientes, se está conteniendo a quienes actuaban al abrigo de la terca impunidad.
Sabemos que hay activistas de derechos humanos, agentes de la policía, soldados y marinos o simples ciudadanos que caen en el combate a la delincuencia organizada. También esto es muy doloroso para la sociedad.
Hay que exigir el esclarecimiento de esos hechos y que se finquen responsabilidades. No se pretenden tratos de privilegio, pero hay que reconocer, como cada vez sucede con mayor fuerza, que matar a quienes tienen como tarea la información es cobijar la opacidad que alienta el delito y el abuso de poder. Cuando se pierde la libertad de expresión ninguna otra libertad es viable. (El Universal)
