Nadie puede difamar, calumniar ni injuriar a nadie en el país. Mucho menos los periodistas, cuyo trabajo los coloca a veces en la situación de difundir informaciones comprometedoras para determinadas personas. Sin embargo, a partir de hoy, y para bien de la libertad de expresión, incurrir en tales conductas no será ya motivo de proceso penal, sino administrativo, es decir, la ley se modifica para evitar simulaciones y procurar su aplicación.
El presidente Felipe Calderón promulgará este día las reformas a los códigos Penal y Civil, ya aprobadas por el Congreso de la Unión, que con mucho cuidado lograron conciliar dos derechos que parecían enfrentados: por un lado, el de la libertad de expresión, y por otro, el derecho a la vida privada, el honor y la buena reputación.
Despenalizar la calumnia no tiene como fin hacer de los comunicadores una casta de excepción, ajenos al cumplimiento de la ley, sino obligarlos a ser más responsables y rigurosos en su trabajo. Se dejan sanciones administrativas para quien abuse de su pluma o espacio informativo, pero se cierra, al mismo tiempo, la puerta a quienes pretendían privar de su libertad a los que, por razón fundada, los criticaran o exhibieran.
Este es un avance innegable en nuestro marco de libertades. Acaso habría que redondear este esfuerzo derogando los artículos primero y 31 de la aneja Ley de Delitos de Prensa, que prevén la privación de la libertad entre ocho días y seis meses a quien ataque la vida privada de las personas, con todo lo ambiguo que resulta interpretar este concepto.
Aun así, no podemos decir que la salvaguarda a la libertad de expresión de todos los mexicanos y en particular de los periodistas esté pasando por su mejor momento.
Organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, coinciden en calificar a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Sólo el sexenio pasado hubo 27 profesionales asesinados y en la actual administración ya va uno, Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco, quien el viernes pasado cayó abatido por las balas de la sinrazón.
Mientras unos han sido ejecutados, otros viven bajo amenazas de grupos de narcotraficantes y delincuentes por todo el país. Lo que prevalece con independencia de los detalles y las confusiones de cada caso, hasta ahora, es la impunidad. En ese marco se dificulta la labor informativa se pretende intimidar a los medios y se provoca censura de facto.
Qué bueno que se pretenda tener una mejor prensa actualizando códigos y normatividades que fueron hechos en 1917, para otro momento del país. Pero qué mal que no haya forma de detener el avance de la criminalidad.
El gobierno federal es el responsable de abatir la inseguridad en el país, lo que de paso quitaría presión sobre los periodistas. Es por eso que debe ponerse especial atención al funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que durante el gobierno de Fox no avanzó en ninguno de sus 50 expedientes abiertos; esperemos que ese vergonzoso récord no se repita. (El Universal).
