El agravio a medios de comunicación en México se está haciendo cada vez más frecuente. De una u otra manera algunos de quienes se inconforman con lo que se dice y escribe lo hacen de una forma casi criminal. Es el caso de lo ocurrido recientemente con el diario Noticias en Oaxaca y algunas radiodifusoras en la misma entidad.
O bien, lo que ocurrió el pasado miércoles cuando fueron lanzadas granadas de fragmentación contra edificios de los diarios Por Esto y Que Quintana Roo se entere, en esa entidad, en donde además de danos materiales hubo un lesionado.
En este caso, la autoridad tiene la obligación de investigar las circunstancias de estos hechos y hacer el deslinde correspondiente de quién podría estar interesado en agredir a estas empresas. Se necesita saber las razones de dichos actos y si éstos son consecuencia de su línea editorial o se derivan de motivos extraperiodísticos, que nada tienen que ver con lo que publican.
En febrero de este ano se creó la fiscalía especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que si bien está en cierne su labor, ya tendría que estar encabezando acciones contra este fenómeno.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado las agresiones que contra este gremio se han suscitado en nuestro país. Tan sólo durante la administración del presidente Vicente Fox suman ya 170 los expedientes abiertos al respecto: entre amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, desapariciones o incluso asesinatos de profesionales.
Por eso es importante que se informe puntualmente quiénes fueron los agresores, así como razones de índole diversa que pudieran haber llevado a que ocurrieran estas agresiones en Quintana Roo.
Un ataque con granadas a cualquier instalación o edificio del país no puede verse tampoco como algo normal, que pueda dejarse pasar así nada más. Urge que se averigüe con profesionalismo lo que motivó estos ataques y saber hasta qué punto estamos ante un caso de agresión a periodistas.
En todo caso, es un llamado de atención al grado de descomposición social que está alcanzando la sociedad mexicana en donde la delincuencia es capaz de hacer dano a medios de comunicación. Si las razones de fondo son estrictamente periodísticas es muy lamentable y debemos exigir su esclarecimiento. Si no es así, por supuesto los agravios también deben caer en la esfera de los aparatos de justicia en el ámbito que les corresponda.
México debe ir ganando la batalla contra este tipo de atentados que ofenden a las ciudades donde se cometen y también a todo el país, al incluir en su devenir diario un elemento de inseguridad, que a la larga no permitiría que florezca la vida cotidiana en paz.
Atentados criminales, ajustes de cuentas callejeros y amenazas no deben permitirse en un país que quiere consolidar sus libertades.
Nadie puede ni debe vivir temeroso ni a la defensiva porque ello es un síntoma de pérdida de derechos. Coartar la libertad de expresión es un agravio a todos los mexicanos, pues perderla trae como consecuencia la pérdida de todas nuestras libertades. (El Universal)
