Unas 25 organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba) manifestaron su “profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en San Cristóbal”, donde “es evidente que poderes fácticos los utilizan a través de acciones de terror para controlar a la población y el territorio estratégico, para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada”.
En un pronunciamiento conjunto manifestaron que “es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano, en todos sus órdenes de gobierno, no ha resuelto la problemática, sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera”.
Añadieron que “en San Cristóbal han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas”.
Recordaron que tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), ocurrido el día17 de este mes, aumentó la violencia en la ciudad. “Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales”.
Paro
Afirmaron que “el clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios”.
Las agrupaciones, entre ellas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (Desmi) y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, aseguraron que “a pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva”.
Por el contrario, “existen diversas señales de colusión, minimización o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas”, agregaron.
