Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR) expresó la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y humanitarias para proteger a las personas en movilidad migratoria y combatir delitos cometidos en su contra, así como la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para ofrecer una mayor seguridad y dignidad a quienes se encuentran en tránsito por México.
La organización observó un aumento de la violencia contra las personas en movilidad, esto acompañado de una compleja documentación de estos delitos debido a la fluctuación en las denuncias y al temor de represalias, lo que a menudo resulta en la no continuación de quejas o denuncias y promueve la impunidad.
Según el informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2023 México registró más de 300,000 eventos de migración irregular, incluyendo detenciones, deportaciones y solicitudes de refugio, una cifra que muestra un incremento significativo en comparación con años anteriores. En este contexto, la organización consideró al delito de trata de personas como uno que ha tomado una dimensión preocupante
El informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) titulado “Trata de personas en México y la frontera con Centroamérica” reveló datos críticos sobre la trata de migrantes en el país. En 2019, se reportaron 550 casos de trata, con un 70 % de las víctimas siendo mujeres. Aunque el número de casos disminuyó ligeramente en 2020 y 2021, la explotación sexual sigue siendo el objetivo principal. Las regiones con mayor incidencia incluyen Ciudad de México, Chihuahua y Baja California, con las personas migrantes enfrentando graves barreras para acceder a la justicia debido a su situación precaria.
El informe de la CNDH del 11 de abril de 2024 muestra un alarmante aumento en los delitos relacionados con migrantes: en 2021 se identificaron 990 casos de tráfico y 31 de secuestro, comparado con 164 y cuatro en 2020, lo que implica incrementos del 503 y 675 %, respectivamente. Las instituciones implicadas en la recopilación de datos y la lucha contra estos delitos incluyen el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Guardia Nacional (GN).
Adicionalmente, el informe mensual de la Unidad de Política Migratoria para el primer semestre de 2024 documenta 46 delitos contra migrantes, incluyendo secuestro, robo y trata de personas. La mayoría de las víctimas provienen de América Central, con un notable número de casos en Ciudad de México, Chiapas y Quintana Roo. Los informes indican que, a pesar de un aumento en la judicialización de estos delitos, la impunidad y la falta de protección efectiva para las víctimas persisten.