Cinco oficinas en México integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación debido al contexto migratorio actual, en el que se ha detectado una crisis en el deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México.
Las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), manifiestan su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el Gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
Ante ello, las cinco oficinas recordaron la necesidad de una respuesta integral en línea hacia los movimientos migratorios mixtos con estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno), incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación.
Informaron sobre aviones con personas migrantes y solicitantes de asilo siendo llevadas desde Estados Unidos hacia Tapachula, con el fin de ser expulsadas bajo el Título 42.
“Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”, se pronunciaron.
Acnur, Unicef, Onudh, ONU-Mujeres y OIM coincidieron en la situación crítica tras la aplicación del Título 42, pues coloca en estado de indefensión a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades.
“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, añadieron.
Con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo tan sólo en el mes de julio, más del 70 % en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018. Tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por la covid-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia.
Las cinco oficinas concluyeron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras, por la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino.
