El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México) manifestaron su preocupación por la seguridad personal del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, por los “actos de criminalización” en su contra, a causa de su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.
“El padre Marcelo es un reconocido defensor de los derechos humanos que como párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, ha realizado innumerables acciones de defensa de los derechos humanos”, dijeron en un pronunciamiento conjunto difundido este martes.
Agregaron que Pérez Pérez, originario del municipio indígena de San Andrés Larráinzar, situado en los Altos de Chiapas, “ha venido trabajando con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas”, además “acompaña a personas migrantes, así como a personas defensoras que han sido criminalizadas por su trabajo en la defensa de los derechos humanos”.
El alcalde electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que Marcelo “es cómplice del grupo armado de San José Tercero (Autodefensas del Pueblo ‘El Machete’)”; conoce perfectamente sus movimientos y sus estrategias de ataque. Por eso sabía el día y la hora en que atacarían y tomarían el control de la cabecera y de varias comunidades el pasado 7 de julio.
“El padre es un lobo vestido de oveja porque se ve cómo sabe dónde está el armamento y cuándo van a atacar”, insistió en una entrevista transmitida por Alerta Chiapas, un día después de la irrupción de “El Machete” en la cabecera.
El Frayba y SweFOR México señalaron que “por su actividad en la defensa de los derechos humanos”, Pérez Pérez “ha sido víctima de deslegitimaciones, difamaciones y descrédito constante; desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado, prueba de ello son las declaraciones y señalamientos” hechos en días pasados por el alcalde electo.
Afirmaron que “la situación de riesgo del padre Marcelo, por su actividad en la defensa de los derechos humanos, se ve reflejada en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC-506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, que siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro”.
Agregaron que “en efecto, la propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de los derechos humanos, como el padre Marcelo, las hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo”.
