Preocupa posible liberación de generador de violencia

Un grupo presuntamente liderado por Pablo Pérez habría estado implicado en hechos violentos en San Cristóbal. Cortesía
Un grupo presuntamente liderado por Pablo Pérez habría estado implicado en hechos violentos en San Cristóbal. Cortesía

Ante la posible liberación de Pablo Pérez Pérez, señalado como responsable de hechos relacionados con actos delictivos con violencia, autoridades del ejido Cuxtitali así como representantes de comunidades y colonias de la zona norte de San Cristóbal manifestaron su preocupación e inconformidad, exigiéndole a las autoridades un esclarecimiento sobre este hecho.

A través de un comunicado urgente, los representantes recordaron que el pasado 17 de septiembre, con la recuperación de la Caja Ejidal, se realizó la firma de un nuevo Pacto de Civilidad en la que estuvieron presentes autoridades municipales de la entidad.

Por lo mismo, dijeron, “rechazamos cualquier resolutivo que ponga en riesgo a la población y solicitamos que se revise el caso con transparencia, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y de toda la población ejidal”.

Señalamientos

De manera constante, las autoridades ejidales de Cuxtitali han señalado a Pablo Pérez como responsable de actos violentos en su contra, como homicidios, atracos, disturbios, ocupación de tierras ejidales, afectación de manantiales y presencia de personas armadas.

Entre las exigencias hechas por las autoridades se encuentra, en primer lugar, una explicación jurídica oficial, en dónde se especifiqué qué resolución o determinación dio lugar a la presunta liberación, así como qué autoridad la emitió y cuáles fueron sus fundamentos.

También solicitaron que se garantice que las actuaciones ministeriales y judiciales se hayan realizado sin corrupción, tráfico de influencias, presiones políticas o acuerdos indebidos.

Por último, exigieron que la Secretaría de Gobierno y Mediación convoque a una reunión extraordinaria de seguimiento, con participación de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos.