Habitantes de Unión Juárez y en particular, líderes religiosos, expresaron su preocupación por el rumor de que posiblemente judíos ortodoxos que estuvieron viviendo por espacio de algunos meses en Unión Juárez regresen a este lugar, esto luego del escándalo internacional por matrimonios forzados, tratos humillantes y abuso infantil, que presuntamente practican.
Debido al escándalo en que se vio inmersa la secta Lev Tahor, fundada en Israel, desterrada de Estados Unidos y Canadá pero que se ha asentado recientemente en Guatemala y en la Frontera Sur, en la cabecera municipal de Unión Juárez, en la que presuntamente un político mexicano les rentó un hotel completo a las familias judías ortodoxas, contra quienes hay un rechazo ante la posibilidad de que vuelvan a asentarse en este municipio.
Cabe mencionar que durante su estancia en Unión Juárez en junio del 2017, la gente veía con extrañeza a las 40 familias, pero no con rechazo como ahora, después del escándalo en el que han estado inmersos.
En su momento expresaron su intención de radicar en esta zona, instalar industrias y cultivos; sin embargo, tras la muerte del líder del grupo, estos regresaron a la comunidad Santa Rosa de Guatemala Centroamérica, donde aseguraban poseer una finca de 300 hectáreas.
Presuntamente su intención de radicar en Unión Juárez era porque en Sololá Guatemala habían sido víctimas de xenofobia, intolerancia religiosa y discriminación por su aspecto y vestimenta, pero señalaron que no eran grupos que buscaban afectar a los habitantes de esta región, sino tener buena relación con las autoridades y vecinos,aunque no se quedaron en la zona porque extrañamente ocurrió la muerte del líder Rabino judío, Shlomó Erez Helbransen en el río Shujubal que atraviesa por el ejido San Jerónimo, donde este personaje oraba por las mañanas.
Tras estos acontecimientos, recientemente se observó la presencia de nuevo de algunos miembros de la comunidad ortodoxa judía en Unión Juárez, Cacahoatán y Tapachula, lo cual ha levantado expectativas de un posible retorno a la región, que podría ocurrir de manera legal como sucedió en el 2017, cuando 40 familias de la comunidad estuvieron en el hotel propiedad de un político chiapaneco.
