En el aniversario 24 de la organización “Por la Superación de la Mujer” A. C. y la presentación del Informe Anual de Actividades, Elsa Simón Ortega lamentó la situación que se vive en torno a la violencia en contra de la mujer en la frontera sur de México, dijo que es extraordinaria por la presencia de migrantes, situación en la que las mujeres son violentadas por sus parejas que se aprovechan del desconocimiento de las leyes que las protegen, y lo que permite la impunidad, tema que tampoco es distinto a lo que ocurre con las mujeres mexicanas.
La titular de la organización dijo que también es lamentable que el tema de la violencia contra la mujer sea de muchos discursos, pero de poca inversión, de poca capacitación e infraestructura para atender a quienes en busca de ayuda toman la decisión de denunciar el maltrato. Hay poca atención, lo que implica que muchos de estos delitos, en algunos casos muy graves, no se castiguen ante la falta de seguimiento por parte de las mujeres agraviadas.
Ejemplo de esto es que sólo en Tapachula hay instituciones civiles para la atención de la problemática y esto implica que, por ejemplo, “Por la Superación de la Mujer” atienda en la zona sur de México a 15 municipios en los que se tiene que tocar cada puerta para poder ayudar a la mujer, niña y quien sea que lo necesita, y hacer equipos de trabajo, compromisos y buscar que la autoridad dé seguimiento a los casos.
Tapachula en particular, a pesar de la Alerta de Género, no cuenta con la infraestructura adecuada para el servicio, la atención y seguimiento, muchas veces la mujer violentada tiene la intención de denunciar ante las autoridades, pero en ese intento no avanza por los tiempos de espera.
Dijo que de acuerdo a las estadísticas, en el 2020 fue muy alto el índice de violencia, ante lo cual las autoridades de justicia registraron un total de 1265 denuncias; y esto no ha disminuido en la actualidad, ya que en menos de dos meses y medio de este año 2021, se han registrado ya más de 200 denuncias.
Además, cuando se dan las denuncias se inicia con un proceso jurídico en el que más de la mitad de los casos los hombres logran convencer a sus parejas para que desistan de las denuncias, ante la autoridad prometen y las mujeres les creen y regresan, quizás su vida tenga algún cambio, pero viven con temor.
“Hemos solicitado a la Federación, al Estado y a los municipios la atención en materia de infraestructura para las víctimas, mayores recursos económicos para la atención de las mujeres, mayor capacitación para los funcionarios, apoyo a las organizaciones civiles que dan cobijo, atención y asesorías jurídicas y en general una atención integral, sin embargo, las respuestas no han sido las que los organismos defensores de derechos humanos y en particular las de las mujeres han pedido”, señaló Elsa Simón Ortega.
