Tras el anuncio que hicieran las autoridades federales con la implementación del mega proyecto del “Tren Maya” que tocará territorio chiapaneco, de la llegada de la Comisión Federal de Electricidad y de la operación de las Zonas Económicas Especiales, el titular de la Secretaría del Trabajo en Chiapas, Oscar Gerardo Ochoa Gallegos, anunció la integración de la parte académica para preparar capital humano y estén a la altura de las grandes inversiones que se vienen para la entidad en los próximos años.
Durante el desarrollo del Foro de Justicia Laboral, donde participaron líderes sindicales, penalistas y especialistas en el tema, se informó de la necesidad de impulsar la conciliación como un método adecuado para que haya estabilidad financiera en las empresas, certeza jurídica y garantía en los empleos.
Considerando la Reforma Laboral que ya se aplicó en el territorio nacional, Ochoa Gallegos explicó que se realizaron debates, análisis pero también propuestas para proteger los derechos laborales de la población en el estado.
Con este proyecto de impacto nacional, se tiene previsto la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para los próximos cinco años, tiempo en el que deben quedar resueltos los más de 30 mil asuntos que se tienen en rezago para el caso de Chiapas.
Todas las actividades que se han hecho, incluyendo la capacitación del capital humano para las próximas inversiones, permiten la inclusión del gobierno en sus distintos niveles, de la parte empresarial pero también de la academia.
Según lo comentado, con estas actividades se “da un paso hacia adelante y se mantiene a la vanguardia en la instrumentación de estrategias de capacitación y difusión garantizando una sociedad chiapaneca más informada, participativa, incluyente y garante del Estado de Derecho, dotada de herramientas y conocimientos necesarios, velando en todo momento por el respeto y cumplimiento de sus derechos humanos laborales”.
Finalmente, también se establecieron que las mesas de análisis contribuirán hacia una cultura laboral más abierta, clara y transparente, consolidada de legitimidad cuya iniciativa requiere del esfuerzo interinstitucional y de la sociedad civil, debido a que los retos, alcances y perspectivas de esta reforma garantizarán el Estado de Derecho.
