Antes de las 10:00 de la mañana, Manuel Méndez Plasencia ya estaba en calidad de desplazado en Acteal. El salir a a ver cómo quemaban su casa en la comunidad le salvaría la vida, pero su casa no sería la única pérdida aquel 22 de diciembre de 1997, puesto que pronto comenzaron los disparos y producto de la embestida paramilitar: falleció su hijo, masacraron a su esposa, a su hija y su mamá. Ahora, a más de 20 años, la luz de la esperanza por la justicia resplandece.
El Consejo de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, presentó en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas, a las dos personas independientes y aceptadas por las autoridades para realizar el peritaje socioantropológico en el marco del juicio de amparo, recibido por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
“Es tiempo de que el Estado mexicano atienda este asunto que constituye una deuda histórica hacia los pueblos indígenas, los más pobres y olvidados, así como de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resaltaron los miembros del Consejo.
“Iniciamos con el pie derecho porque el amparo fue admitido sin que nos previniera”, declaró el abogado del Consejo, Sandino Rivero, quien además precisó que ya se pasó la primera barrera para lograr justicia no solo a los desplazados de Acteal, sino también para que la PJF cree una jurisprudencia ante los hechos de desplazamiento forzado interno del país.
“El Poder Judicial, a partir de este caso, podrá pronunciarse sobre la naturaleza del desplazamiento como un hecho de violación grave y múltiple de derechos humanos, que se prolonga durante todo el tiempo que dura y el Estado debe garantizar resarcir los efectos”, mencionó el abogado.
Detalló que las peritos tendrán dos meses para realizar trabajos de campo con las personas y en las comunidades desplazadas de Acteal.
El reto —dijo— es que se dicten medidas que impacten en todo el sistema político y que se repare el daño a las 308 personas vulneradas en aquel crimen de Estado, que desplazó a más de 12 comunidades en Chenalhó.