Indígenas de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua presentaron el jueves una demanda de amparo en contra de la continuación del proyecto del Tren Maya, informó la agrupación Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil.
En un comunicado dijo que la demanda fue interpuesta en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; del secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, y del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, por la emisión del acuerdo del 6 de abril y del decreto del 23 de abril, “mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado Tren Maya, entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19”.
Agregó que entre otras cosas, “los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del Tren Maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida”.
Además, abundó la agrupación con sede en Yucatán, los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del Tren Maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.
Precisó que “la jueza no sólo priorizó el derecho a la salud de los habitantes de las comunidades Ch’oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales, etcétera”.
Manifestó que si bien la suspensión decretada por la jueza es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia el 14 de mayo, “consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto tiene para las comunidades indígenas afectadas”.
En esa tesitura, abundó, resulta fundamental que el 14 de mayo la jueza ratifique la suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas, frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del Tren Maya.
Destacó que “al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia, con lo que aumenta el riesgo a la salud, por lo que es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el Covid-19”.
