La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, llevó a cabo la presentación del “Estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas afrodescendientes y afromexicanas”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de la Función Pública.
El representante residente del PNUD en México, Lorenzo Jiménez Luis, recalcó que el informe busca la inclusión de un segmento significativo de la población del estado, y que con ello pone en valor el no dejar a nadie atrás, con la finalidad de que cada vez sea más común que en los espacios y las esferas políticas, así como puestos de decisión, exista una amplia participación de personas indígenas y afrodescendientes.
Expresó que se necesita de la sensibilidad y el tratamiento especial de un colectivo que representa el 10 por ciento de la población de México, con 10 millones de personas, mostrando su preocupación, pues destacó que se trata de las personas más vulnerables.
“En un país que presenta un 70 % de población pobre, cuando nos referimos a las personas indígenas nos estamos refiriendo a los pobres de los pobres, donde hay una situación espeluznante que se ve en carencias de servicios básicos”, resaltó
El oficial nacional de Gobernanza, Transparencia y Anticorrupción del PNUD, Carlos Cortés Zea, dijo que en los pueblos indígenas hay una clara muestra de la falta de acceso a los derechos humanos, lo que pone en riesgo a un amplio sector del estado, el cual ocupa el segundo lugar con mayor población originaria con el 28.17 por ciento.
También recalcó que se encuentra subrepresentada, pues menos del 0.2 por ciento del cuerpo de servidores públicos se identificaron como indígenas o afrodescendientes, y de los cuales sólo el 20 % ocupa un puesto de mando.
El estudio del PNUD concluyó con seis recomendaciones para las autoridades mexicanas: 1) robustecer el registro único de servidores públicos, para visibilizar las minorías; 2) sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la inclusión; 3) establecer cuotas paritarias que aumenten la proporción de personas indígenas; 4) capacitación y formación a las personas originarias; 5) el reclutamiento de talentos indígenas jóvenes; 6) el impulso de una Norma Mexicana (NOM) sobre la igualdad laboral y no discriminación.
