La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en sesión privada, dio cuenta de 13 expedientes por la probable comisión de delitos electorales que van desde actos anticipados de campaña, promoción personalizada, deslinde, violencia política y probables delitos.
En la sesión se iniciaron dos procedimientos y aplicaron el mismo número de medidas cautelares al expediente ubicado en Comitán, denominado IEPC/PE/Q/LMD/018/2021, por actos anticipados de campaña; en Cintalapa, bajo el expediente IEPC/PE/Q/PLC/020/2021.
Para Tuxtla Gutiérrez se inició un procedimiento bajo el expediente denominado IEPC/PE/Q/PAN/029/2021, por promoción personalizada.
Al mismo tiempo, el Pleno desechó otro proyectos: uno en Tapachula por actos anticipados de campaña con el expediente IEPC/CA/LAGA/042/2021; un deslinde en Comitán (IEPC/CA/MRC/049/2021); uno en Tapijulapa por actos anticipados de campaña (IEPC/CA/UMM/051/2021); y otro en Ixtacomitán por violencia política (IEPC/CA/DRT/052/2021).
También se desecharon dos en Tuxtla Gutiérrez, ambos por actos anticipados de campaña (IEPC/CA/JARL/053/2021 y IEPC/CA/RHP/055/2021).
Al mismo tiempo se desechó un expediente por actos anticipados de campaña de un periódico de circulación local (IEPC/CA/BCR/056/2021) y otro en Cintalapa por la misma probable comisión del delito (IEPC/CA/PLC/061/2021).
Una denuncia más por actos anticipados de campaña no fue presentada, ubicada en Tuxtla Gutiérrez (IEPC/CA/AGM/054/2021). Y por último, la Comisión manifestó su incompetencia por un probable delito en Villaflores (IEPC/CA/AML/059/2021).
La última se trata de la denuncia hecha por Amparo Martínez Lara, regidora con licencia temporal del Ayuntamiento de Villaflores, quien denunció a Ulises Grajales Niño por violencia política en razón de género ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), esto debido a conductas que van desde la extorsión y abuso de confianza.
Según la agraviada, dicha denuncia se remonta a las contiendas electorales de 2018, en la que aparecía como regidora dentro de la planilla de Grajales Niño en su búsqueda de la alcaldía de Villaflores.
La víctima especificó que en ese lapso de tiempo, el ahora demandado le pidió a toda su planilla que firmaran tres hojas en blanco.
“Por la confianza que teníamos no vimos problema. Pasó el tiempo y yo me voy a una regiduría plurinominal, en la cual me empieza a intentar extorsionar al pedirme 300 mil pesos de mi sueldo”, describió.
Martínez Lara comentó que también le pidió copias de las actas de cabildo, pero nunca se las dio. Para enero de 2020, la regidora recibió una demanda mercantil por un monto de un millón y medio de pesos.