Tras revisar casos de mujeres en el ejercicio de la política, surgió una iniciativa de reforma para evitar la violencia política de género, pues en Chiapas, en varios casos, se da la usurpación de funciones por parte de personajes ajenos a las elecciones populares.
Con el objetivo de que la participación política de las mujeres sea una realidad efectiva y protegida por las autoridades, ante esto se propone una reforma a la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
La iniciativa fue promovida días antes por las diputadas Valeria Santiago Barrientos y Adriana Bustamante Castellanos, pero es presentada ante los medios con el objetivo de que no sea guardada y se quede en el olvido.
Lo que se pretende es que todos los servidores de las autoridades estatales, municipales, organismos autónomos, miembros de partidos políticos, asociaciones políticas, candidatos, aspirantes y toda persona que tenga conocimiento de acciones u omisiones que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género, estén obligados a denunciar sobre tales conductas a la autoridad competente, incluyendo aquellas que vulneren, limiten, condicionen o suplanten el legítimo derecho de las mujeres a desempeñar el cargo para el cual fueron electas o designadas.
Tratándose del derecho político de las mujeres a desempeñar el cargo para el que fueron electas, la violencia política deberá hacerse del conocimiento del organismo público electoral de la entidad.
La violencia política en razón de género, dentro o fuera del proceso electoral, constituye una infracción señalada en la ley, por lo que las quejas o denuncias deben visibilizarse a través de un procedimiento especial sancionador.
Esta es una iniciativa que va en contra de una práctica muy común en Chiapas, y con esto se promueve la denuncia para tomar acciones en contra de quienes usurpen funciones de un cargo público.