En la presentación del libro “Realidades y retos del aborto con medicamentos en México”, Michel Domínguez, miembro de Línea Aborto Chiapas, contó sus experiencias como acompañante dedicada a proveer información para que cualquier mujer gestione sus propios abortos.
Destacando que en el estado, debido a las características sociales y económicas de la región, las situaciones son distintas a las del resto del país. Pues al ser una región fronteriza, una constante es el acompañamiento a mujeres que vienen con una carga de violencia de sus países de origen.
Además los altos índices de marginalidad y diversidad étnica hacen que el acceso al aborto se vislumbra como una cuestión de privilegios, pues solamente están informadas las personas que tienen acceso a una red social, a un celular, que saben leer y escribir: “Son mujeres que tienen otras herramientas, pero en este territorio, la mayoría no tiene acceso a ellas”.
Hablando desde la experiencia, dijo que no son las jóvenes las que más solicitan información: “Son mujeres heterosexuales, casadas y que tienen uno dos o cuatro hijos, empobrecidas y que todos los días viven situaciones de violencia, donde abortar en ese momento es la única herramienta para no traer a otro ser, a que viva en las mismas condiciones”.
Destacó que las acompañantes no necesitan ser médicas, pero sí requieren el estarse informando sobre cuáles son los nuevos protocolos y lineamientos de salud, además de asumir un compromiso ético.
“Somos una red amorosa, que nos lleva a fortalecer redes de mujeres y estar para todas, sin cuestionar la situación que lleva a una mujer a practicar y tomar la decisión”, subrayó la feminista.
Reconociendo que en el estado las maestras en el tema han sido las parteras, quienes han realizado estas prácticas a través de plantas y medicinas tradicionales.
“Ellas son nuestras maestras que siempre han estado ahí; además hay que reconocer a la red de médicas aliadas que se han sumado a esta búsqueda de libertades personales”, dijo
Concluyendo en que debe existir un vínculo de personas expertas en la salud, con activistas e instituciones públicas, para evitar el alargamiento de los protocolos que ponen en riesgo el derecho, pues suelen ser obstáculos que hacen que se sobrepasen las 13 semanas de gestación, tiempo en donde el aborto ya es considerado un delito.
