En la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Chiapas, se informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó a los integrantes de la 67 legislatura la lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del estado de Chiapas, esto luego de la renuncia irrevocable al puesto que presentara Raciel López Salazar, el pasado 2 de diciembre.
La secretaria de la Mesa Directiva del recinto legislativo, Adriana Bustamante Castellanos, dio lectura al documento; en el escrito expresó que los legisladores tendrán 20 días para integrar una lista de, al menos, cinco candidatos para ocupar el cargo que tendrá que aprobarse por las dos terceras partes de los miembros presentes.
En la sesión ordinaria del Pleno se dijo el nombre de las propuestas, se trata de: Jorge Luis Llaven Abarca, Jesús Ernesto Molina Ramos, Roger Nanguyasmu Vicente, Jordán Alegría Orantes y María Esther García Ruiz.
El proceso establece que, una vez que se tengan definidos los nombres, se enviarán al titular del Poder Ejecutivo del estado para que el gobernador formule una terna y la envíe al Congreso Local; con base en los nombres y previa comparencia de las personas elegidas, se nombrará al Fiscal General del Estado.
Una vez que se agoten todos los puntos, quien sea nombrado en este puesto tan relevante, estará por un periodo de nueve años y debe cubrir requisitos como: ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, tener 35 años (al menos) el día de su designación, contar con una trayectoria mínima de 10 años, con título y cédula profesional en derecho.
Se le agrega tener buena reputación y no haber sido condenado por violación a los derechos humanos o delitos que signifique pena corporal o que implique más de un año de prisión.
Fue el 4 de diciembre, a través de la sesión Ordinaria del Pleno, cuando se le dio lectura a la renuncia irrevocable que presentó López Salazar y fue turnada a la Jucopo.
Finalmente, dentro de las actividades legislativas también se le dio lectura, trámite y votación a la iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como un exhorto al Congreso de la Unión, pero también al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que doten al Centro Regional de Formación Docente e Investigación, de las condiciones mínimas para que cumpla con sus funciones.
