Cada vez resulta más intensa la presión indebida que los grandes consorcios de radio y televisión ejercen sobre los legisladores y también sobre los impugnadores del proyecto de reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión, con el afán de que la avalen como está formulada, porque así les conviene.
Pero se favorecería la concentración de las concesiones, se limitaría el desarrollo de las estaciones comunitarias -las independientes y las estatales- y se transferirían automáticamente las frecuencias liberadas por el cambio tecnológico a las mismas empresas monopolistas, sin licitación ni trámite alguno, lo cual les permitiría incursionar en otros campos de las telecomunicaciones.
Por supuesto que eso resulta inadmisible. Lo que demanda la sociedad es una revisión a fondo y no sólo ajustes o modificaciones insustanciales como lo pretende la empresa Televisa, por ejemplo, que colma sus expectativas de predominio, con desdén por las demandas y propuestas de organizaciones sociales y académicas.
Una nueva relación de los medios electrónicos con el Estado y con el gobierno en turno tiene que surgir de la revisión de esa ley aprobada el 1 de diciembre de 2005 por los diputados, que dé pasos firmes hacia la democratización de las concesiones y sobre todo del mejoramiento de los contenidos de los medios, a través de una revisión seria y de fondo.
El senador Javier Corral Jurado, del PAN, declaró ayer que la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) es presionada con la amenaza de que no le permitirían transmitir las senales de los canales abiertos de la televisión privada por sus sistemas de cable para que se allane a las pretensiones de los controladores del negocio.
Lo que la sociedad espera de la reforma legislativa, según ha sido reiteradamente manifestado por académicos, periodistas y especialistas en la materia, es una ley que incluya y refuerce los deberes de informar, educar, divertir sanamente y esparcir la cultura, al mismo tiempo que divulgue los valores nacionales y que procure democratizar los medios.
La oferta televisiva debe ser abierta a nuevas formas de actuación, en un ámbito de competencia que redunde en beneficio del auditorio. Esa apertura enriquecería la gama de canales como sucede con los centenares de televisoras que cubren buena parte del orbe mediante la transmisión por cable. Por eso importa que se aliente el desarrollo de las estaciones comunitarias y los canales oficiales, con más recursos y con la opción de participar también del beneficio de la publicidad directa para buscar la autosuficiencia financiera.
No nos debe parecer mucho el esperar de las televisoras mayor sensibilidad para aceptar una legislación que vele más por el interés nacional que por el particular. Los legisladores, especialmente los senadores, deben entender que la radio y la televisión son mucho más que un negocio que rinde millonarios dividendos cada día. Son instrumentos de cohesión social, de orientación, de conducción. Estimulan la economía y reaniman la vida cultural. Contribuyen en muy buena medida en la conformación de los nuevos mexicanos.
Nada recomendable es que una tarea de esa trascendencia quede en pocas manos, cuando existen otras posibilidades de participación.
El cabildeo de las televisoras, abierto, informado, debe tomarse en cuenta a la hora de analizar las reformas legales. Lo que debe ser inadmisible es la imposición de puntos de vista para que la ley resulte a la medida de los muy menores intereses económicos de un potentado que emplea la fuerza que le da el medio concesionado por el Estado para presionar al Poder Legislativo en beneficio propio.
La ley debe considerar el bien general, no el particular. (El Universal).
