Alrededor de 176 presos “políticos” de Chiapas podrían salir libres de aprobarse la Ley de Amnistía propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la previa revisión y aprobación del Senado y la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, opinó que otorgar amnistía a personas que han luchado socialmente es una acto de justicia.
El abogado capitalino expuso que los anteriores gobiernos tienen como característica la prevalencia de la corrupción en donde se ha perseguido a luchadores sociales e indudablemente la sociedad está interesada en que no se fabriquen delincuentes mediante acciones judiciales pero habría que analizar cada expediente para dictaminar que son presos “políticos”.
Expresó que mediante actuaciones amañadas y fácticas se ha imputado a un determinado número de personas por algún delito, por ello es necesario revisar los casos ya que por lo general se adapta el expediente para que parezca real y sentencian culpabilidad y la persona no llega a defenderse ya sea por falta de dinero o un mal asesoramiento por parte de su abogado.
Ante este panorama, aplaudió la medida del actual gobierno, ya que son personas que han estado varios años en la cárcel y han sido juzgados por el sistema de justicia anterior en donde se prestaron para muchas cosas, no obstante, también con el nuevo sistema podrían convertir un delito no grave en uno grave y viceversa, sobre todo si hay mala fe y se pretende afectar a una persona, por eso se tiene que analizar los orígenes del delito, en qué forma y circunstancias se están imputando y compararlo.
“Indudablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene facultades para otorgar perdón a los delincuentes, dice la ley, cuando se han prestado servicios a la patria, debe tomarse en cuenta aún cuando sea culpable; la amnistía en general se usa el término no para liberar al culpable sino para liberar al inocente, incluso existe el concepto del indulto en el que puede ser liberado, en cualquiera de los casos, es facultad del ejecutivo federal realizar tal acto, sobre todo si es por casos en el que el único delito era luchar por los derechos de los demás”, concluyó.
