El nuevo Presupuesto de Egresos que se discute en la LXV Legislatura se encuentra blindado. Nos dicen que ante las experiencias desagradables que se han tenido, particularmente en el anterior gobierno, el Poder Ejecutivo ha establecido una serie de medidas que busca que los nuevos funcionarios del actual gabinete no derrochen el recurso, es decir, habrá una verdadera fiscalización del gasto a diferencia del pasado.
Se sabe que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio fiscal 2011, hubo partidas presupuestales abultadas, que al final del sexenio no dieron ningún resultado tangible.
Por el contrario, se agudizó la situación financiera de los municipios y por ende, se afectaron a los grupos más vulnerables como lo son el sector indígena y campesino.
Si revisamos minuciosamente el ejercicio fiscal 2011, nos podremos dar cuenta de los excesos que se cometieron en ese entonces.
Por ejemplo, se le asignó un techo financiero de 212 millones, 302 mil, 629 pesos con 53 centavos a la Secretaría de la Función Pública, instancia que jamás dio un reporte del estado crítico que guardaba la administración anterior.
O qué decir del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a quien se le etiquetó un recurso por 129 millones, 250 mil, 788 pesos con 74 centavos, organismo que al igual que la Función Pública, fue omisa en sus actividades.
En razón de estos pésimos resultados, el actual gobierno ha emprendido una política de austeridad en dos sentidos: economizar recursos, y evitar dispendios.
Este Decreto tiene por objeto establecer las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública del Estado de Chiapas, para racionalizar las erogaciones de servicios personales, administrativas y de apoyo, así como modernizar los procesos de la Administración Pública estatal.
En el Artículo Octavo del Plan de Austeridad, se establece que en el ejercicio fiscal de 2013, los sueldos y salarios brutos del Gobernador del estado, así como de los secretarios, deberán reducirse en un cincuenta por ciento, con respecto a los sueldos y salarios cubiertos en el mes de diciembre de 2012.
Mientras que los sueldos y los salarios de funcionarios de alto nivel en las dependencias y entidades, deberán reducirse en un veinticinco por ciento respecto a los sueldos y salarios brutos cubiertos en el mes de diciembre de 2012.
Lo anterior implica que ningún funcionario de la Administración Pública del Estado podrá tener una remuneración mayor a la del Gobernador del estado.
En resumen, esta política es la más saludable para que le vaya bien a los chiapanecos y no como en el pasado, que los beneficiarios fueron unos cuantos.
