Esta semana, el Congreso de la Unión logró aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ano 2008. La buena política y la negociación efectiva hicieron su trabajo a partir de una iniciativa austera, que da mayor énfasis al gasto social y a infraestructura, que es lo que el país está exigiendo. Corresponde ahora al gobierno ejercerlo con probidad y ponerlo al servicio del crecimiento económico y no sólo para pagar nóminas.
Agustín Carstens, secretario de Hacienda, destaca que de los 2 billones 569 mil 450 millones de pesos que hay en la bolsa presupuestaria se desprenderá el mayor gasto social de la historia de México, así como un incremento de 45 por ciento en inversión física e impulsada por el gobierno federal, el mayor incremento en los últimos 20 anos. Este sesgo social del Presupuesto también fue determinado, en última instancia, por los acontecimientos de Tabasco y Chiapas, donde a partir de sus inundaciones salieron a relucir, de la peor manera, anejos atrasos en infraestructura y atención social. De ahí la partida especial de mil 600 millones de pesos para atender a ambas entidades del sureste mexicano, que sin duda se multiplicarán conforme la iniciativa privada y la sociedad civil en general hagan aportaciones individuales.
Por lo demás, pese a los altos precios internacionales del petróleo, el gasto no se dispara, lo que habla de una gran cautela por parte de gobierno y legisladores, para no hacer cuentas alegres a partir de ingresos tan extraordinarios como volátiles. En todo caso, las reasignaciones presupuestales que se puedan dar sobre la marcha apoyarán programas que, de origen, contaron con un cálculo racional de ingresos. No sería permisible malgastar los pocos recursos que habrá en 2008.
Tenemos que aprender a hacer más con menos, lo que nos lleva al delicado punto de la fiscalización de los recursos. El gobierno del presidente Felipe Calderón no puede permitirse ser considerado, a futuro, corrupto. Las urgencias del país son múltiples y el éxito de la presente administración habrá de medirse en función de sus logros en un manejo eficaz de los escasos recursos públicos, de tal manera que no sólo se administre al gobierno en la medianía, sino que el gasto público sirva como detonador de crecimiento económico.
No se puede ya destinar la mayor parte de un erario etiquetado a pago de deudas y gasto corriente. Requiere ser, como lo senaló ayer el titular de Hacienda, una palanca de desarrollo y de creación de empleos. En tal virtud, la infraestructura jugará un papel decisivo.
Vale destacar, por último, que la aprobación del documento en las instancias legislativas se dio de manera consensuada, no sin cambios respecto de lo que envió el Ejecutivo, pero siempre dentro de un diálogo republicano y serio entre todas las bancadas ahí representadas. Qué bien. Aprendamos también a usar mejor las herramientas de la democracia para fortalecer nuestro entendimiento mutuo porque, al final, redundará en mejores políticas públicas. (El Universal).
