Pretenden acuerdos para evitar abusos en servicios

Transportistas, autoridades y empresas de servicio de grúas buscan acuerdos en la contratación por servicio de arrastre y salvamento en casos de accidentes de vehículos particulares y del servicio de pasaje.

Se pretende que el costo sea del conocimiento público para evitar abusos y que quien va a pagar el servicio, escoja a qué empresa contrata y sepa cuánto tendrá que erogar por los servicios de estas empresas.

Para ello, se realizó una reunión en la Sala Chiapas, en la que estuvieron presentes el secretario de Transporte, Fabián Estrada de Coss, y el subsecretario de Seguridad Turística y Vial, José Luis Pinot Villagrán.

Asistieron también el comisario de la Policía Federal de Caminos, empresarios de grúas, así como representantes de organizaciones de transportistas, entre ellos del frente de Defensa del Autotransporte en la Costa de Chiapas, Abraham Téllez, Emilio Orduña y Édgar Bustamante.

En su exposición de motivos, los transportistas del Frente de Defensa de la Costa, Sierra y Soconusco, señalaron la necesidad atender una serie de denuncias de presuntos abusos por cobros excesivos en el servicio de grúas.

Por lo anterior, dijo que se tiene que regular este servicio al público y evitar que quien tiene un accidente, además de cubrir el costo de este tenía, erogue grandes cantidades de dinero por conceptos de maniobras, pérdida de autopartes y demás pertenencias, el famoso banderazo, y custodia, lo que es oneroso.

Señalaron que en Tapachula, desde hace dos años hubo acuerdos en ese sentido. Ante las autoridades se firmaron acuerdos de respetar precios por el servicio y hacerlos públicos a través de listados.

La persona que tendrá que pagar el servicio de grúa cuando se necesite, debe tener la oportunidad de escoger a quién contrata de acuerdo con la calidad del trabajo y no estar sujetos a lo que la “guardia” de las instituciones de seguridad determinaba, además a qué corralón sería llevada la unidad.

En ese sentido, Téllez Romero expuso que se acabaron algunas irregularidades y en ese entonces se acordó pagar por el servicio de arrastre 400 pesos; en la actualidad es en promedio de 600 pesos.

Y el corralón por día lo equivalente a un salario mínimo. Con estas acciones se evitaron muchos abusos e incluso como servicio social se repartieron más de 50 mil volantes a la población para que conociera sus derechos y los costos.