A pesar de existir una legislación laboral que estipula desde las prestaciones que deben recibir los trabajadores, las condiciones de los centros de trabajo, las jornadas laborales y otros aspectos, en Chiapas persisten zonas donde se vulneran los derechos de los trabajadores al grado de vivirse una regresión hacia los tiempos de las “tiendas de raya”.
El abogado miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Álvaro Altamirano Ramírez, comentó que este tipo de casos se han documentado en las zonas donde se ofrece trabajo a migrantes guatemaltecos y de otros países centroamericanos, donde los empleadores aprovechándose de la situación extienden las jornadas laborales, pagan poco e incluso contratan a menores de 15 años.
Llamó a la instancias correspondientes a fortalecer el trabajo de vigilancia y supervisión de estos centros de trabajos, en muchos casos fincas y granjas, para mejorar las condiciones en las que laboran algunos grupos migrantes, para evitar que se repita este fenómeno que históricamente había sido superado en nuestro estado.
Enfatizó que este fenómeno contradice las disposiciones legales que rigen la Ley Federal del Trabajo, la cual nació en 1930 a partir de la inclusión del artículo 123 de la constitución de 1917, con lo que se lucha contra los abusos a los trabajadores, se dan prestaciones y se mejoran las condiciones laborales.
Aunque existen sanciones a cargo de la Secretaría del Trabajo, que van desde los 250 hasta los cinco mil salarios mínimos y para los reincidentes en cantidades duplicadas y aplicadas por cada trabajador afectado, esto sigue sucediendo.
Reiteró que se han evidenciado prácticas regresivas, como en el tiempo de las “tiendas de raya” que existían en los grandes latifundios o hacendados, donde se perpetuaba un tipo de esclavitud disfrazada, con salarios bajos y jornadas injustas.
Altamirano Ramírez, manifestó que esto no puede permitirse en nuestro país cuando se exige en el país vecino de Estados Unidos, que nuestros connacionales sean tratados dignamente, por lo que debe haber una vigilancia contundente en la ley.
Reiteró que contratar a menores de 15 años sigue siendo un delito, por lo que constatar este tipo de situaciones endurece aún más las sanciones para estos centros laborales.
