En la última década, en México ha ocurrido una transformación demográfica que ha dado como resultado un aumento de personas adultas mayores. Según las estadísticas poblaciones, hay una transición entre población joven y el proceso de envejecimiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que a una persona se le considera como adulta mayor a partir de los 60 años de edad, postura adoptada por varios países como México; aunque en algunos se establece el inicio de la vejez a partir de los 65 años.
De acuerdo a Haina Palma Flores, instructora en derechos humanos, algunas proyecciones señalan que para el 2050 el 22 por ciento de la población mundial será adulta mayor, y en el caso de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dice que habrá por cada cuatro personas un adulto mayor.
Estos datos son hasta cierto nivel algo preocupantes, ya que nuestro país no está preparado para poder garantizar el acceso integral de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
Se sabe que el crecimiento de la población mayor lleva a contextos de desigualdad entre la misma, lo que a su vez obliga al gobierno a cumplir con ciertas mejoras para poder garantizar sus derechos en todos los ámbitos, de forma que tengan acceso a una mejor calidad de vida.
La Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible menciona que uno de los objetivos es garantizar el envejecimiento saludable, lo que se define como el proceso continuo de oportunidades para poder mantener y mejorar una salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de la vida.
Esta agenda, adoptada por el gobierno mexicano, establece acciones de manera universal para lograr un desarrollo sostenible de forma equilibrada, enfocados en inclusión, salud, educación, trabajo, pobreza, desigualdad, ciudades sustentables, derechos humanos, entre otros aspectos.
En el caso de México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y las disposiciones para su cumplimiento.
Sin embargo, es una realidad en la que existen limitaciones para las personas adultas mayores, para el respeto a sus derechos, para ser titulares de derecho, puesto que persiste la discriminación por la edad, el abandono y la violencia.
“Es momento de hablar y abrir oportunidades para este sector de la población, en un marco de independencia y solidaridad, que los tomadores de decisiones actúen en el corto y mediano plazo para garantizar en todo contexto sus derechos”, indicó.
Los tomadores de decisiones deben tener en cuenta que aunque el envejecimiento es un proceso de cambio natural, gradual, continuo e irreversible, la forma de envejecer de cada persona es diferente y está determinada por múltiples factores.