De acuerdo al informe anual 2020 de la organización Article 19, denominado “Distorsión: el discurso contra la realidad”, se dio a conocer que de enero a diciembre se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación, posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6 % más que en 2019.
En los primeros dos años de la actual administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su ocupación. Tan sólo en 2020, se registró el homicidio de seis periodistas.
Esto refleja que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso como en los últimos 13 años y que colocan a ese año como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
Las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47 por ciento del total nacional de las agresiones.
Durante la presentación virtual, Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, Oficina para México y Centroamérica, comentó que en cuestiones de libertad de expresión el 2020 fue el año de la distorsión; en el actual contexto, pocas cosas cambiaron para bien en este tema.
En este reporte se detalla la situación de México en materia de libertad de expresión e información, y expone la manera en que persiste la degradación del debate público y cómo los mecanismos de censura se mantienen y agudizan.
Indicó que hoy las acciones oficiales muestran peligrosas tendencias contra la libertad de expresión: la primera es la concentración y clausura de la información. Durante el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió centralizando su figura; desde su tribuna en la conferencia mañanera juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma.
Calificó como preocupante la postura de los “otros datos” que el presidente dice tener en todos los temas y sobre todo en materia de derechos humanos, porque parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que al solicitar a la Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de cero en 2019 a 329 en 2020.
Indica más adelante que de acuerdo a lo observado en el reporte, muchas de las agresiones hacia la prensa vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización que se propaga desde el poder, por lo que se considera que esto alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios.
De esta forma se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos, que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
Uno de los temas que aborda es la publicidad oficial en la que persiste la ausencia de criterios claros de asignación de recursos, como un mecanismo de censura indirecta, el apiñamiento del gasto en los últimos meses del año fiscal y la concentración de la publicidad en algunos medios.
Como dato, mencionó que el 54 por ciento del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46 por ciento.
Otro factor que menciona es la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información, con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza al actual Gobierno Federal.
El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
