Ante la incidencia de matrimonios forzados en Chiapas no son suficientes los esfuerzos de distintas organizaciones y organismos internacionales para erradicar este flagelo social.
Al respecto, María Teresa Olvera, coordinadora de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, organismo que pertenece al consorcio de organizaciones por una vida libre sin violencia para las mujeres y las niñas, dijo que se trata de “una situación que prevalece tanto en zonas urbanas, como en zonas rurales, pero que se agudiza en zonas indígenas”.
Esto, debido a la falta de desarrollo humano al que se enfrentan las familias, quienes ven en la unión matrimonial de sus hijos la posibilidad de lograr un acuerdo que los beneficie económicamente y/o en su estatus social.
Teresa Olvera recordó que en Chiapas, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, una de cada 100 mujeres entre los doce y 14 años estaba unida en matrimonio y entre los 15 y 19 años de edad había un 22 por ciento de niñas que ya estaban en unión, no necesariamente casadas.
Estas uniones también acarrean problemas serios de salud debido a la edad de las niñas que no están preparadas para embarazarse.
“Además, si consideramos que la familia es pobre o tiene carencias económicas habrá problemas de desnutrición, eso hace que cuando se embaracen, los productos no se alojen adecuadamente en la matriz y se vean en la necesidad de abortar, causandoles incluso la muerte”, mencionó Olvera.
Si bien es cierto en Chiapas se han tomado algunas acciones al respecto, como la reforma al artículo 145 del Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio, esto no es suficiente, pues las comunidades indígenas tienen sus usos y costumbres muy arraigados, por lo que el matrimonio forzado, aun a corta edad, es visto como algo normal.
Ante ello, la especialista dijo que es necesario una conjunción integral de las políticas públicas para fortalecer y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres de una manera más intensa.
