El coordinador general de los derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, resaltó que hay importantes avances en la justicia hídrica con los pueblos originarios, gracias al Acuerdo Nacional sobre el Derecho Humano al Agua, que se firmó el pasado lunes en la Ciudad de México.
“Veo en el momento actual del gobierno de México, una convicción genuina de cambiar la situación y contener el modelo neoliberal específicamente con relación al agua; una primera muestra importante es el acuerdo que se suscribió y que se relaciona con el reordenamiento”, declaró en la presentación del informe colaborativo Chiapas por el Agua.
Externó que basta entrar a la página de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y observar que las cuencas están concesionadas y hay todo “un mercado de agua”.
Lograr acuerdos
Sostuvo que el enfoque neoliberal de derechos adquiridos, puede resolverse y avanzarse por la vía del acuerdo, como la que se hizo el lunes, en donde los concesionarios están dispuestos a poner a disposición volúmenes ocupados para hacer reservas de agua para consumo humano.
“El agua tiene muchos usos, pero hay uno que es crucial, el del consumo humano y ese tiene un enfoque de derechos humanos y no puede verse como mercancía y tiene que ser controlado y vigilado por el Estado”, subrayó.
Derecho blindado
Determinó que el acceso al agua también se blinda desde la reformas al artículo 2 constitucional en materia de Derechos de Pueblos Indígenas y las políticas públicas a partir de los Planes de Justicia.
“La Reforma Constitucional, reconoce en su corazón el reconocimiento de las comunidades y de los pueblos como sujetos de derecho público; lo que tiene una repercusión crucial, ya que se fijan nuevas reglas de relación con los municipios, las entidades estatales y la federación”.
“Este reconocimiento que se realizó el 30 de septiembre, también reconoce la existencia jurídica de sus formas de organización. Comités de Agua o Patronatos de Agua o cualquier otro nombre que adquiera la figura local, pueden ser sujetos de atención por parte de la Conagua”, explicó Aguilar Ortiz.
Los patronatos o comités de agua, se conforman por ciudadanos de una misma comunidad para prestar este servicio, varias de las veces surgen como una respuesta organizada, aunque incipiente en recursos económicos y capacidades técnicas, ante la imposibilidad del municipio para garantizar el derecho al vital líquido.
El desafío actual, dijo, radica en ampliar esta reforma al resto de organizaciones comunitarias y no solo a los pueblos originarios.
