"Darío Ramírez * Lo peor que puede hacer un gobierno es ignorar la realidad, hacer oídos sordos a toda información que le diga que está mal lo que está haciendo (o dejando de hacer). Esta es la actitud del gobierno federal en materia de libertad de expresión y ataques a periodistas. Su silencio e inacción dicen mucho.
Lo han denunciado diferentes actores: la libertad de prensa está en riesgo en México. No son interpretaciones o puntos de vista; son las cifras, los números en casos de asesinatos, desapariciones, amenazas que se van apilando en el tobogán de la impunidad reinante en el país. La responsabilidad es compartida y, también se ha dicho, los gobiernos de los estados como Oaxaca, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero -por mencionar algunos- hacen caso omiso de los problemas que enfrenta la prensa local. Su silencio e inacción también dicen mucho.
Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llamó la atención fuertemente al Estado mexicano por la frágil y peligrosa situación de la libertad de prensa. El Estado reconoció la situación. Lo que resalta es la falta de acción, la falta de elaboración de una política pública para contrarrestar estos hechos que afectan gravemente a la ciudadanía, a la cual le hace dano no saber. Para dar el primer paso, en octubre 2008 la organización Article 19 presentó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública una propuesta de trabajo para analizar y discutir abiertamente la viabilidad de crear en México un programa de protección a periodistas. La propuesta se basa en la experiencia colombiana. En los anos 80 los asesinatos de periodistas en Colombia eran sumamente graves: las cifras muestran que, entre 1986 y 1996, 55 periodistas fueron asesinados por razones de oficio en Colombia.
En respuesta a sus compromisos internacionales, el gobierno, junto con actores nacionales e internacionales, disenó e instaló el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales en el ano 2000, cuyo fin es ""proteger a los profesionales de la información que asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, y que se encuentren en riesgo por causas relacionadas con la violencia política, ideológica (...)"".
Según informes oficiales al 2007, 673 periodistas fueron beneficiados con medidas de protección.
zQué espera el gobierno mexicano para actuar y disenar algo semejante? zQué esperan las y los comunicadores del país para presionar al gobierno para que destine recursos que aseguren su protección? El objetivo es adoptar una medida positiva para dar un paso hacia la creación de una cultura de prevención.
Basta de contar muertos y agresiones, de ver cómo los números crecen y las acciones concretas y efectivas están ausentes. La necesidad de crear una política pública en materia de prevención de agresiones a periodistas es urgente si queremos salvaguardar el derecho fundamental de todas las personas a estar informadas.
La propuesta está allí, sin respuesta; urge una discusión que involucre a medios electrónicos e impresos (comerciales, indígenas, comunitarios, etcétera), periodistas freelancers, autoridades federales y estatales, y organizaciones de la sociedad civil.
Lo peor que puede pasar es seguir ignorando el problema y claudicar ante la inacción de las autoridades y legisladores. Es decir, que el gobierno federal se siga escudando detrás de una fiscalía ociosa e inútil, que el Congreso siga sin legislar y que los gobiernos locales sigan ignorando el grave problema. El tiempo sigue corriendo, las víctimas y la sociedad siguen esperando.
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