"Gaspar Romero * CP. Chiapas, por ser puerta de entrada con Centroamérica, se ha convertido en el paso obligado de inmigrantes centroamericanos, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador, Honduras, y China en una minoría, por lo que operan bandas dedicadas al tráfico ilegal de personas; ante ello, especialistas plantearon realizar una intensa tarea de prevención y sanción de la trata de personas.
La investigadora del CESMECA, Consuelo Elizabeth Ruiz Sánchez, expuso que el objetivo es garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, ya que recordó que Chiapas sigue siendo paso de indocumentados, sobre todo de niños, cuyo número se ha incrementado considerablemente.
De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Migración, al año, en Chiapas, han logrado asegurar a un promedio de 400 mil centroamericanos, y muchos de ellos reinciden en retornar su paso para llegar a Estados Unidos.
El grupo de protección a inmigrantes, conocido como ""Grupo Beta"", informó que las víctimas ilegales, sobre todo mujeres y niños, sufren explotación sexual e incluso laboral. En la zona colindante con Tabasco, los indocumentados sufren asaltos en su paso por territorio nacional, acotó.
Ante ello, la investigadora Elizabeth Ruiz Sánchez señaló que la protección tiene que ser tanto a residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior, insistió.
En el ámbito internacional, dijo que se necesitan aún establecer estándares para las legislaciones domésticas a fin de combatir el crimen organizado y fortalecer las acciones internacionales.
Dio a conocer que Chiapas ha impulsado acciones para la protección a los trabajadores inmigrantes centroamericanos.
También -expuso- promueve la protección de los derechos humanos de los extranjeros y, para ello, ha actualizado la normatividad conforme a los requerimientos de la sociedad y las directrices nacionales e internacionales.
Expuso que con independencia de la regulación de algunas figuras delictivas como el lenocinio, corrupción de menores e incapacitados, delitos contra la dignidad de las personas, tienen que sancionarse en su justa dimensión.
Enfatizó que la prevención y procuración de justicia son elementos importantes, mas no suficientes, si no, no se considera la protección y la asistencia a las víctimas como una oportunidad para reiniciar su vida.
En este sentido deben prevalecer albergues o alojamientos seguros para cubrir las necesidades de las víctimas, ""bajo ninguna circunstancia debe estar recluida en centros de detección, policial o para inmigrantes o refugios para indigentes"", pues esto puede contribuir al agravamiento de su situación física y emocional.
Reiteró ante funcionarios de todo el país que se tiene que actuar con mucha energía contra la trata de personas, la captación, el transporte yÚo traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación.
No puede haber más engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun con el consentimiento de ésta.
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