Este jueves se realizó un cambio en el Consejo Estatal de Derechos Humanos que seguramente marcará el inicio de un reordenamiento que vendrá a normalizar la situación dentro de ese importante organismo de asistencia y apoyo que de tiempo atrás se ha visto envuelto en una serie de conflictos, exactamente a partir del arribo de uno de los actuales consejeros, Florencio Madariaga Granados, quien ha sido destituido de la Presidencia y en breve habrá de abandonar definitivamente dicho Consejo por no cumplir desde el principio con los requerimientos de ley.
Ha sido una buena noticia que se comience a ver por la normalidad y la legalidad, que se restituya el clima de concordia en el interior del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que todos los colaboradores vuelvan a sus labores sin el hostigamiento del que han sido víctimas durante los últimos meses por la persecución del todavía consejero Madariaga. En la medida que lo anterior pueda lograrse, en esa misma medida sus integrantes podrán estar en posibilidad de atender las quejas y denuncias que se vienen presentando y que por la situación lamentable que había venido imperando quedaron sin la atención debida en perjuicio de la propia ciudadanía chiapaneca.
La actual Presidencia deberá enmendar los daños y perjuicios laborales a no pocos colaboradores de ese Consejo, pues se sabe de retención de sueldos -pese a la violación a la ley que eso implica-, de remociones por razones de mero resentimiento en contra de algunos de ellos, de traslados injustificables, de acuerdos ilegales mediante los cuales los consejeros Madariaga, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Lorenzo López Méndez se erigieron de facto en legisladores para modificar funciones de figuras del Consejo, y de un sinfín de hechos y acciones que habrán de revisarse y corregirse.
A esto se suma una serie de denuncias de ciudadanos que en su momento acudieron al Consejo en busca de auxilio y que esperaban una recomendación que reivindicara sus derechos, pero en vez de eso los vieron conculcados al sugerirles la ahora ex Presidencia, acuerdos conciliatorios. Lo anterior se dio en agravio y perjuicio de particulares que todavía ahora reclaman su derecho a ser escuchados y atendidos, y en beneficio de quienes fueron acusados de violación de derechos humanos. Están los casos documentados y hasta el día de hoy no han sido atendidos por esa insana situación que creó el ahora ex presidente, Florencio Madariaga Granados, quien a estas alturas estará sopesando la magra cosecha de sus acciones.
El cúmulo de pendientes que existe ahora en el Consejo Estatal de Derechos Humanos es complicado pero deberá abordarse con afán reivindicatorio para que termine de una vez esa situación de conflictividad desatada hace meses, por la que se creó una especie de grupo de choque en el interior. Eran tres contra todos.
Es deseable que la estridencia dé paso a la mesura y a la normalidad de trabajo, que se cumplan los objetivos del organismo, que se dé vuelta a la hoja y que se haga respetar la ley sobre cualquier interés de particulares.
