Acontecimientos recientes han puesto de relieve la gran importancia que ha alcanzado el Poder Judicial de la Federación en la vida pública de nuestro país y, sobre todo, la tarea de los jueces que lo integran.
De manera creciente, decisiones que conciernen al futuro y al bienestar de México quedan en manos de magistrados de los más diversos tribunales.
Esto obliga a reflexionar en la necesidad de que dichas tareas sean asumidas por personas de la más elevada calificación moral y académica; que guíen su trabajo con una visión ética de la impartición de la ley y se alejen de las tentaciones o presiones consustanciales a sus responsabilidades.
Estas reflexiones vienen al caso ante la gran controversia que han levantado los fallos emitidos por el juez sexto de distrito de procesos penales federales, José Luis Gómez Martínez, cuyas decisiones permitieron la libertad tanto de Nahum Acosta Lugo como de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. La PGR y la Presidencia han senalado que a su juicio existe duda razonable sobre el apego a la ley del fallo que liberó a Guzmán, un hecho que, según la PGR, se suma a otros cuatro casos de exoneraciones en favor de presuntos miembros del cártel de Sinaloa.
Entrevistado por El Universal, el juez Gómez Martínez rechazó, como era de esperarse, las imputaciones de la PGR en el sentido de que pudo haber mostrado parcialidad en favor de los liberados, y atribuyó el fracaso de las acusaciones a que la PGR integra deficientemente las averiguaciones previas que consigna.
Subrayó Gómez Martínez que todos los casos que ha resuelto en estas condiciones se encuentran sujetos a apelación, y en esta instancia es donde podrá calificarse si obró con algún tipo de favoritismo hacia los miembros del cártel mencionado.
Como sea, no es la primera vez que las decisiones de algún juez en México levantan suspicacias y por ello es necesario que se mantenga un proceso permanente de revisión de las actuaciones de magistrados que tienen que decidir en los procesos de individuos de alta peligrosidad.
Por otro lado, también es necesario que la PGR y el Ejecutivo federal, que tanto han ponderado el pronto acatamiento a los fallos del Poder Judicial, asuman el hecho de que la tarea de todos los jueces puede ser falible, y que consideren que eso puede ocurrir no sólo cuando fallan en contra de su opinión y deseos, sino también cuando los jueces los favorecen en controversias de alto nivel político, ante otros poderes y contra otros órdenes de gobierno.
Es importante que además de garantizar que los jueces sean éticos y competentes se mejore la eficacia de los departamentos jurídicos de la administración pública y, sobre todo, la actuación en este sentido de las procuradurías de justicia, puesto que buena parte de la impunidad que se sufre en México se debe a que las consignaciones no se hacen de acuerdo con las normas vigentes.
El caso de los familiares de El Chapo Guzmán debe servir para revisar con cuidado los laberintos judiciales del país, para eficientar su labor y no permitir que el trabajo de las procuradurías se vea frustrado a nivel judicial o, viceversa, que los jueces aparezcan como víctimas de un deficiente trabajo de las policías. Están de por medio la seguridad nacional y la tranquilidad social. El enemigo común es el crimen organizado y hacia él hay que dirigir todo el peso de la ley. (El Universal).
