El abogado José Manuel González Iniesta consideró que la prisión preventiva oficiosa está en contra de los derechos humanos, de acuerdo con tratados internacionales que México no ha aceptado y que debió hacerlo desde el 2011. El hecho es que esta medida no debería existir.
Este tema ha estado en debate nacional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planea discutir un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que se ordena a México reformar su normativa para modificar esta figura.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha señalado que la SCJN no puede eliminar la prisión preventiva oficiosa. Además, fiscales de diferentes entidades se pronunciaron en contra, así como especialistas han dicho que vulneraría a las víctimas y testigos de los delitos en que es aplicable.
González Iniesta señaló que es una realidad que en algunas fiscalías quieren aplicar esa figura por cualquier delito, aunque sea menor, pero de nada sirve tener a una persona en prisión por delitos que no son graves, como acoso u hostigamiento sexual, en los que no hay ningún tipo de contacto físico.
Eso no quiere decir que socialmente la conducta no sea grave, mas es de acuerdo con el Código Penal. Enviar a la persona a prisión no ayudaría, porque el sistema penitenciario federal no está apto para tener a más internos; “sería enviarlos a la universidad del crimen con otros que sí cometieron delitos graves”, considera.
Lo que se debe hacer es aplicar otras alternativas como tratamiento psicológico o psiquiátrico, servicio comunitario y otros. Se debe apostar a una cultura de la prevención y de la reinserción social verdadera, no enviar a todos a prisión y nada más. El sistema debe procurar la prevención y la atención integral para disminuir la reincidencia.
En varios países esta figura no se aplica y el número de personas que están en prisión es porque cometieron un delito grave y, aun así, les ofrecen alternativas para su reinserción social.