La Cámara de Diputados tiene en sus manos desde hace más de un ano el proyecto de una nueva Ley de Protección de Datos, remitida por el Senado de la República, que permitiría comercializar libremente la información personal, financiera, clínica, civil y fiscal que el Gobierno posee de cada ciudadano.
El manejo mercantil de esa información estaría a cargo de empresas particulares. Ahora hay bancos de información de créditos y de mercadotecnia que las empresas intercambian entre sí y que las colocan en posibilidades de buscar clientes o ampliar su campo de operaciones.
La advertencia de la dimensión de este proyecto la dio ayer la licenciada Lina Ornelas, transmisora de la legítima preocupación que existe en el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Las sociedades de información tiene una acción benéfica en el fomento económico, indudablemente, pero los datos en cuestión incluyen no solamente los indispensables para delinear el perfil del cliente, sino también opiniones y actitudes políticas y religiosas.
La Ley de Transparencia obliga a las instituciones y a los funcionarios, pero protege a las personas, se reserva la información individual, que nadie puede usar sin el consentimiento del interesado. El uso indebido de tal información es en algunos países sancionado con multas mayúsculas, y el tema merece una meditación cuidadosa, una discusión abierta y una propuesta prudente.
Los datos personales, antes tan celosamente guardados, comenzaron a ser manejados cada vez con mayor soltura en los últimos decenios, con el auge de los créditos, directos o con tarjeta, y con la modernización de la administración pública, los registros electoral, fiscal y de población.
Somos, individualmente, un laberinto de números, claves y separaciones homologales, pues estamos muy lejos de los sistemas que ya existen para asignar, desde el nacimiento, una clave válida para todas las necesidades burocráticas y civiles de nuestra vida.
Sin embargo, esta información personal, privada y hasta íntima, que proporcionamos para una creciente variedad de requerientes que nos ubican por domicilio, número telefónico, registros de crédito y redes de computación o correos electrónicos, deja de ser de nuestra propiedad y se convierte en mercancía que se ofrece, se vende y circula sin nuestro conocimiento y menos con nuestra autorización.
En una sociedad acosada por el crimen organizado, los secuestros exprés, el chantaje y la extorsión, ser expuestos sin reservas puede poner en riesgo nuestra seguridad y nuestro patrimonio. Si no tenemos ni siquiera la protección de nuestra privacidad, quedamos en verdad en una situación asaz vulnerable.
Nuestra privacidad es nuestro derecho mínimo, y no puede ser puesta a la venta en listas de clientes potenciales en una operación que representa un indebido lucro para quien la ejecuta con absoluta irresponsabilidad y sin calcular las graves consecuencias que ello implica. La única esperanza de protección es la ley, que prohiba ese comercio abusivo o que le imponga regulaciones tales que no represente el más insignificante peligro.
Los diputados deben actuar, como es su obligación en su carácter de representantes de la nación y de los ciudadanos que los eligieron, anteponiendo los derechos individuales a las ventajas mercantiles de empresas que saben cómo cabildear en el Congreso, que tienen los instrumentos para hacerlo y que inclusive llegan a celebrar públicamente las maneras que tienen de lograr que sus intereses particulares queden bien resguardados en las votaciones legislativas. (El Universal)
