Dentro del consorcio “Alcalde, ¿cómo vamos?” se dio a conocer del recurso de revisión que presentó la empresa de recolección de basura Proactiva a su favor, para tratar de desatar la acumulación de los juicios, por conducto del Tribunal del Justicia Administrativa.
Lo anterior sería de consecuencias “nefastas” para el pueblo de Tuxtla, ya que llegaría un embargo de 105 millones de pesos en los primeros 180 días de la nueva administración municipal.
En este sentido, se dijo que en cuanto a la situación jurídica se presentó un juicio de lesividad para defender los intereses del ayuntamiento y uno de acumulación de juicios, pero la administración actual asignó la responsabilidad a la Dirección Jurídica; sin embargo, esta no ha atiendido de manera oportuna los llamados que les hacen las autoridades.
Ante ello, Proactiva estaría presentando al próximo gobierno municipal un adeudo de 305 millones de pesos aproximadamente, y una factura de 10 millones de pesos correspondientes al mes de septiembre.
Señalaron que es imposible y no se deben pagar 10 millones de pesos mensuales por parte del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a la concesionaria, sobre todo por un servicio deficiente, ineficiente y de mala calidad.
De acuerdo a la información proporcionada sobre la situación técnica, jurídica, financiera, daños ecológicos e incumplimientos en las que ha incurrido esta empresa; se expuso también que hace 12 años se comprometieron a brindar un servicio con 38 camiones diariamente, sin embargo, a finales del año pasado se registró la operación de 25 camiones diarios en promedio, peor aún cuando la población de Tuxtla Gutiérrez ha crecido. Además de siete tolvas que recogen la basura de la central de transferencia, dos barredoras automáticas y dos bandas de separación que no funcionan.
Por lo que se propuso mitigar el daño ocasionado por el relleno sanitario; incrementar el número de camiones recolectores; hacer funcionar adecuadamente a las bandas para separación y venta de productos; negociar con la concesionaria el adeudo y pagar en los siguientes ocho años que restan a la concesión.
