"De acuerdo con la SEP, la tercera parte de las licenciaturas, especialidades y maestrías creadas en el último lustro en las escuelas privadas está relacionada con la especialidad de criminalista y la mitad de esas opciones académicas tiene algún vínculo con la seguridad pública.
Las autoridades educativas atribuyen el fenómeno a la ""tendencia de creciente profesionalización (de las fuerzas policiacas y de seguridad) difundida, incluso, hasta en series televisivas""
Por supuesto que es bienvenida la diversificación de carreras universitarias, sobre todo si van orientadas a resolver algunos de los problemas más urgentes del país y no solamente a engrosar las recurrentes y saturadas carreras liberales donde ya no hay gran oferta laboral. De hecho, la Policía Federal y la PGR han iniciado una cruzada para incorporar a egresados universitarios entre sus filas. Una idea plausible en el contexto de la inseguridad que padece el país.
Aún así, por la crudeza de la lucha contra el crimen, es necesario preparar a los jóvenes que están decidiendo dedicar su vida a la seguridad pública y nacional para encarar la realidad.
En principio hay que hacer un adecuado trabajo de orientación vocacional, para que los muchachos que deciden ingresar a estas carreras lo hagan convencidos de querer servir al país y no sólo por una moda revestida de glamour pretendidamente científico de las series de televisión.
Después, entrar a un campo de trabajo que está en plena depuración. Las propias cabezas de los grupos de seguridad han reconocido que apenas está en marcha la labor de limpiar a esas instituciones de sus usuales malas prácticas.
Si un estudiante recién egresado de criminalista, abogacía o inteligencia civil, por ejemplo, se encuentra con una realidad de corrupción rampante, será más probable que desista de realizar el ideal aprendido en la escuela ante el riesgo laboral o personal que le representaría luchar en contra de la inercia. Incluso quizá decida formar parte de la dinámica de malas prácticas.
Incorporar a jóvenes entusiastas en instituciones inmóviles -sin los mecanismos necesarios para cambiar desde dentro- no haría más que reproducir los vicios de siempre.
Las instituciones encargadas de administrar la justicia, en todos los niveles de gobierno, han permitido la impunidad. Encontrar el justo medio entre justicia eficaz y respeto a la ciudadanía es una tarea que empieza por renovar y profesionalizar a los encargados de velar por nuestra seguridad, con rigor y con realismo.
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