El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que las estrategias de reintegración a la sociedad y libertad anticipada han generado buenos frutos en Chiapas.
Libertad
En este sentido, destacaron que a través de la Comisión Interinstitucional las personas privadas de su libertad, que ya cumplieron el 70 por ciento de su condena, obtienen el beneficio de su libertad con sentencia suspendida.
Sin embargo, esto se alcanza tras cumplir una serie de criterios que analizan caso por caso las autoridades competentes del estado.
Explican que la Mesa de Reconciliación fue creada en 2009, a través de un decreto del Congreso del Estado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) expone que no ha reincidido ninguno de los beneficiados, lo que es una de las circunstancias por las que se puede determinar que la reinserción está funcionando.
La Comisión Interinstitucional está conformada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el titular de la Fiscalía General del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, indicaron.
Sin embargo, explicaron que existen ciertos criterios para otorgar estos beneficios. Asimismo, refieren que los delitos que no se contemplan en esta medida son pedofilia, feminicidio, extorsión y secuestro.
Para que los internos puedan obtener estos beneficios tienen que cumplir con ciertos requisitos como parte de los ejes de reinserción señalados en el artículo 17 constitucional, entre los que destacan haber cumplido el 70 por ciento de su condena, que no sean reincidentes, tener buena conducta, concluir una capacitación laboral, practicar deporte al interior del penal, además se da preferencia a personas con alguna enfermedad.
No obstante, deberían considerar disminuir el 70 por ciento del cumplimiento de la condena, ya que un buen número de reclusos espera por años una sentencia firme.
Por último, dan a conocer que existe un seguimiento por parte de las autoridades para que los beneficiarios realmente vuelvan a integrarse a la sociedad.
