Hace doce años, en oportunidad del cambio de gobierno, se planteaba la necesidad de actualizar el régimen de tenencia de la tierra. Se ponía en evidencia que por ejemplo en Tuxtla Gutiérrez, una gran cantidad de familias, número indefinido incluso para la oficina de Catastro, no sólo permanecen en la indefinición jurídica en cuanto a la propiedad que ocupan, sino que además, las contribuciones que efectúan por concepto de impuesto predial van a dar a una Casa Ejidal, según sea el caso del ejido a que correspondan.
Hace ya trece años la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra se sectorizó a la Secretaría de Desarrollo Social, y en este contexto las secretarías de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria firmaron el año pasado un convenio para agilizar trámites expropiatorios que permiten regularizar la tenencia de la tierra y dar certeza jurídica a sus habitantes.
El acuerdo aplica preceptos agrarios del Artículo 27 constitucional, las leyes en la materia y sus reglamentos, para ordenar la tenencia de la tierra urbana y rural, así también resuelve conforme a la Ley Agraria las cuestiones relacionadas con asentamientos humanos irregulares en terrenos de propiedad social.
El objetivo es otorgar seguridad jurídica con la expropiación mediante el pago de la indemnización respectiva y agilizar los trámites de regularización.
Pero el asunto no para allí sino en el hecho de que es urgente retomar las funciones que deben tener los dos primeros niveles de gobierno -municipio y estado- en cuanto a recaudación, porque este tema ha sido incluso motivo de disputas entre ejidatarios que ahora realizan funciones hacendarias y hasta de notariado público sin que los ingresos respectivos vayan a las arcas indicadas.
Hace apenas un año, colonos del ejido Plan de Ayala, durante una manifestación en el centro de Tuxtla, denunciaban corrupción en el manejo de los recursos que ingresan.
Al ser el municipio la figura de menor ingreso fiscal, debería mostrar más interés en lograr una regularización en este sentido, pero en vez de eso, en general se observa lo contrario, es decir, las autoridades municipales han consentido a los representantes ejidales y esta indefinición se ha venido prolongando a través de los gobiernos de distinto signo partidista.
En este contexto, el martes pasado se informaba que el Programa de Modernización Catastral impulsado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ha permitido a los municipios del país aumentar sus recaudaciones en el rubro hasta en un 80 por ciento.
La entidad financiera citada señaló que el aumento en la recaudación del impuesto predial ha permitido la consolidación de la información catastral, la actualización del padrón, bases completas de datos, generación de información confiable y homologación de procedimientos, entre otros.
Ojalá en Tuxtla y los demás municipios de Chiapas se hiciera algo similar.
