Como ya se hizo notar, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al Ejecutivo Federal para flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste del país. La iniciativa surge del interés de canalizar rápidamente recursos para la población en situación de vulnerabilidad.
Se indica que esta región presenta índices de desarrollo que necesitan de atención expedita, para lo cual se ha pensado agilizar el mecanismo por medio del cual hasta ahora vienen fluyendo los recursos de dichos programas que son bien conocidos en Chiapas.
El tema de la flexibilización es un asunto especial que ha sido mencionado como una demanda por diversos grupos y organizaciones sociales y productivas en Chiapas, pero principalmente por parte de sus dirigentes, los cuales fungen como gestores de esos apoyos que canaliza el Gobierno Federal.
Se sabe que existen diversos requisitos y procedimientos para poder tener acceso a dichos programas, los cuales contemplan la entrega de dinero en efectivo o apoyos diversos en especie. Cumplir con esas condicionantes garantiza en teoría que la ayuda se utilizará efectivamente en las actividades que especifican los objetivos, con lo cual puede alcanzarse el fin para el que fueron creados.
Esos programas sociales están diseñados lo mismo para elevar la calidad de vida que para incentivar la producción, y su existencia refleja la preocupación que existe en el gobierno frente a fenómenos sociales que padecen diversas regiones del país. Sin embargo, sus requisitos y reglas son necesarios para evitar que la estrategia que busca paliar precariedades y limitaciones se tuerza o desvíe en el camino de llegar a la población objetivo.
El anuncio por sí mismo es positivo para la región en la que se halla Chiapas, y aunque es un mero llamado y está pendiente su aprobación, habría que adelantar que en caso de proceder debe ser bien aprovechado para que realmente ese ajuste sea en beneficio de las comunidades a las que habrán de canalizarse dichos programas, pues sería lamentable que una disposición en este sentido fuera usada por dirigentes de organizaciones sociales guiados únicamente por intereses clientelares, o de cualquier tipo, ajenos a ese fin.
El programa social en general, desde su concepción hasta sus propósitos, merece mucho respeto; no es una acción común y corriente, es mucho muy sensible, pues sus objetivo es llegar y auxiliar a una población en situación de precariedad. Pero además, esos planes responden también a recomendaciones de organismos internacionales -como la Organización de Naciones Unidas- que adicionalmente evalúan el impacto y efectividad de esas políticas en materias específicas. Y también, esa información se usa como base de decisiones de gobierno, ya que los países a su vez esperan cumplir con las expectativas, por ello todos los detalles de su aplicación son de suma relevancia.
