Patrones y empleadores ya no podrán solicitar carta de antecedentes no penales a quienes buscan empleo como resultado de la reforma aprobada por el Senado, respecto a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como una forma de promover una verdadera oportunidad de reinserción social.
Al respecto, José Manuel González Iniesta, abogado y maestro en Derecho Laboral, mencionó que el artículo 123 constitucional habla sobre el derecho al trabajo, al igual que artículo 5.°, cuya diferencia entre uno y otro radica en que el último da la libertad de elegir la profesión que mejor convenga; el primero establece el apartado A y B.
En el apartado B, de los servidores públicos, es donde más se solicitaba la carta de antecedentes no penales. En su experiencia, dijo que en el apartado A también sucedía, pero no existía dentro de la Ley Federal del Trabajo la prohibición literal para el patrón de solicitarla, por lo que podían hacerlo sin consecuencias.
El también doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral señaló que debido a esa laguna en la legislación, la cual no mencionaba ninguna restricción o prohibición sobre la carta, los patrones, personas físicas y morales la solicitaban a la hora de buscar trabajadores.
Respecto a los servidores públicos, estos tienen una norma a nivel federal, estatal y municipal, y con esta reforma a la legislación federal se aplicará en los tres niveles. El objetivo es evitar la discriminación y el estigma, garantizado una reinserción social a quienes hayan cometido un delito y cumplido una sentencia por ello.
Toca a las instituciones dar difusión de esta reforma para que todas las personas la conozcan. Si bien se publica en la página del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), muchas personas no son asiduas a consultar estas fuentes.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá darle publicidad en todo el país para que los buscadores de empleo lo puedan hacer valer por la vía administrativa o judicial, en caso de que un patrón no dé cumplimiento a la normativa.
“Se necesita ‘cambiar el chip’ de la sociedad porque en la norma se puede quitar o poner, pero tratar que todos comprendan, patrones y trabajadores, no va ser de la noche a la mañana”.