Sobre la prohibición gradual del glifosato y la eliminación del maíz genéticamente modificado en el consumo humano en México, es necesario que el gobierno considere si las condiciones actuales de la producción de alimentos, la administración pública, los procesos productivos y la condición social y económica del pueblo mexicano están para sostener el consumo nacional.
Esto lo manifestó el investigador Felipe Reyes Escutia, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), sobre la discusión que prevalece ante la decisión del gobierno mexicano respecto al grano genéticamente modificado y el uso del glifosato.
Dijo que es importante difundir información real considerando que es un asunto de muchas dimensiones, desde lo político, económico, académico, científico y social, para que la población pueda formarse una opinión y comprender el actuar de los gobiernos.
Hay dos posturas: por un lado, sostienen que no hay base científica para considerar peligroso el consumo de productos transgénicos, que son los productos norteamericanos. La otra es la prevención, ante la falta de información precisa sobre sus efectos, se debe prohibir.
Ninguna postura puede eliminar a la otra; lo que va a influir en la toma de decisiones será la capacidad de diálogo político que tengan los actores involucrados, considerando que la decisión del gobierno mexicano representa una amenaza a las formas de producción de Estados Unidos, que importa 16.8 millones de toneladas de maíz al año.
En México se argumenta además que las harinas de maíz que llegan a partir de las importaciones están contaminadas con maíz transgénico y glifosato, por ello es que en el país está prohibida la siembra del grano genéticamente modificado desde el 2013.
Sobre el glifosato, indicó que si el objetivo es maximizar la producción agrícola bajo el interés de aumentar los alimentos disponibles para consumo humano, quienes defienden los transgénicos y el químico tienen un argumento.
Pero si no es la maximización sino el hacer llegar alimentos sanos a las personas, el criterio será otro, porque está comprobado científicamente que el glifosato tiene efectos negativos sobre la salud.
Es ahí donde entra la tensión o discusión, si los intereses económicos y políticos, bajo el argumento de maximizar la producción y por ende las ganancias, buscan un libre mercado por encima de la salud de las personas. “Hay que preguntarse ¿cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano, defender la libertad de mercado o la salud de los consumidores?”.
