Ciudadanos organizados realizan una campaña de promoción para la consulta para enjuiciar a expresidentes de la república mexicana, que se realizará el próximo 1 de agosto.
A decir de Omar García, quien es promotor de la encuesta, la principal petición es que la gente salga a votar de forma masiva para participar de forma directa en la actividad denominada oficialmente: Consulta Popular contra “Los Actores Políticos del Pasado”.
La consulta será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se cuestionará a los ciudadanos si desean que se lleven a cabo o no las acciones pertinentes para enjuiciar a los actores políticos como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderon, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, además de cualquier otro exfuncionario de los tres niveles de gobierno.
El promotor de la consulta aseguró que las actividades de difusión se están realizando en todos los estados del país por medio de la pinta de bardas y actividades presenciales en puntos concurridos, como parques y plazas.
Dijo que de manera simultánea se han realizado actividades de promoción en diferentes ciudades de Chiapas y entidades de todo el país.
Además apuntó que las organizaciones de la sociedad se han sumado, luego de sostener reuniones en donde se les explica la mecánica de la consulta y de lo que se trata.
De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, la recaudación de firmas se hizo en septiembre del año pasado y se logró la recaudación de dos y medio millones de firmas, aunque el INE sólo validó 2.1 millones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una modificación a la pregunta, acotando el sentido a las opciones sí o no, sobre la posibilidad de enjuiciar a los actores políticos del pasado.
Explicó que la Ley Federal de Consulta Popular expone que los temas de trascendencia nacional se pueden consultar cada tres años, por lo que ellos solicitaron al INE y al Senado de la República que se unificaran las fechas de elecciones de puestos de elección popular a fin de que se redujeran los gastos de la encuesta, pero la legislación no lo permitió.
