El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur en la Cámara de Diputados federal, Ismael Brito Mazariegos, informó que en breve propondrá un punto de acuerdo para que las autoridades migratorias agilicen los trámites para la entrega de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), toda vez que el 72 % de la economía en el municipio de Tapachula depende del dinero que llegan a gastar las personas que cruzan de Guatemala.
La solicitud -que se hará de forma respetuosa a las instancias oficiales-, dijo, busca que también se puedan digitalizar esos servicios para que la revisión se haga de manera eficiente, “que puedan aquellos venir a gastar sus recursos a Chiapas”.
El diputado federal no descartó que en un futuro se pueda proponer que haya mayor amplitud en cuanto a los kilómetros que pueden recorrer los guatemaltecos en territorio mexicano. Por lo pronto el exhorto irá enfocado a la emisión de las tarjetas regionales.
Según datos de las autoridades migratorias, la TVR es un documento que permite a las personas ingresar a Chiapas por varios días y de manera formal, para que puedan hacer actividades de recreación, salud, turismo o de otro orden, no obstante, se tienen que cumplir algunos requisitos.
Las personas de este país, con la TVR en mano, pueden transitar sin mayor problema, y lo mejor, es que el sector empresarial se ve beneficiado por la derrama económica que generan estas personas en varios rubros.
Sobre el tema migratorio, Brito Mazariegos refirió que la Comisión a su cargo está preparando foros que se llevarán a cabo en febrero del 2022, para que haya un impacto directo en reformas o puntos de acuerdo que se elaborarán para fortalecer el desarrollo de las regiones.
Otras iniciativas
En otro orden de ideas, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó que recibieron del titular del Poder Ejecutivo federal el proyecto que hace referencia a la reforma energética, por lo tanto, se llevarán a cabo foros para promover este trabajo en la zona de Comitán y de los Altos de Chiapas.
Sobre los cuestionamientos de la oposición a este y otros temas gubernamentales, refirió que están en su papel, pero la propuesta institucional será de beneficio, si se toma en cuenta que en los últimos 30 años se implementó una política de privatización que alcanzó hasta mil 500 empresas del gobierno, y dentro de ellas estaba la CFE.
“Este gobierno -el de López Obrador- está planteando recuperar la soberanía nacional y energética, parte de ello es que sea el propio gobierno el que tenga el dominio de la mayoría de las acciones de la paraestatal”, remarcó.
